La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, ha dicho hoy que un pacto entre el Gobierno de España y el PNV para excarcelar a los etarras "sería una traición y una forma de perder la confianza" en el Ejecutivo.

En un desayuno en el Nueva Economía Fórum, Ordóñez ha mostrado su "sorpresa", "decepción" y "preocupación" por la noticia publicada hoy por el diario "El Mundo" relativa a que "el Gobierno y el PNV pactan excarcelar a presos de ETA".

Ordóñez ha comentado que "si han acordado progresiones de grado de los presos de ETA es que han negociado la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco".

"Sería una traición a las víctimas y una forma de perder nuestra confianza en el Gobierno y contradice esa transparencia que nos ha prometido", ha insistido.

Por todo ello ha lamentado hoy que todo apunte a que el nuevo Gobierno de España vaya a "plegarse a los perversos intereses del Partido Nacionalista Vasco" en torno a la situación de los presos de la banda terrorista.

También ha denunciado la "confusión política organizada" en torno a los posibles cambios en la situación de los reclusos etarras y ha exigido al Gobierno que aclare qué requisitos va a establecer para que se pueda dar su acercamiento a cárceles vascas y navarras.

Ha estimado que si el requisito va a ser la condición de enfermos de los presos el Gobierno estará plegándose a la hoja de ruta de la izquierda abertzale y del PNV que "va más allá del acercamiento y busca la impunidad".

La presidenta de COVITE se ha opuesto de forma tajante a la cesión al Gobierno vasco de la competencia de prisiones porque "los nacionalistas nunca han querido ser carceleros y su preocupación es buscar la vía para ayudar a los etarras encarcelados a salir, es decir, la impunidad".

Y ha recalcado: "Si se transfieren las competencias de prisiones al Gobierno vasco se estarían transfiriendo los derechos de las víctimas a la legítima justicia a los nacionalistas y si el Gobierno lo hace nos va a tener enfrente".

Ha advertido de que la potestad para realizar los informes médicos sobre el estado de salud de los presos estaría en manos de la sanidad pública vasca, "la misma que puso en libertad a Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara, tres años antes de que muriese por su supuesta enfermedad terminal".

"Y la misma que liberó a la sanguinaria etarra Belén González Peñalva en 2009 por una muerte supuestamente inminente que no llegó hasta 2017, ocho años después", ha añadido.

Ordóñez ha reclamado que el Ejecutivo establezca el repudio a ETA como una línea roja para cualquier cambio en la situación de los reclusos y ha criticado que se hayan "lanzado informaciones confusas y que se hayan aireado globos sonda a la espera de que los interesados reaccionen".

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También ha denunciado que en el País Vasco y en Navarra se sigue justificando a la banda y se siguen diluyendo sus responsabilidades puesto que "los herederos políticos e ideólogos ETA están en las instituciones gracias a la organización terrorista".

Ha manifestado que en las calles del País Vasco y Navarra se producen homenajes sistemáticos a terroristas orgullosos de sus crímenes ante la pasividad de las instituciones "empezando por las vascas que tienen competencia en esta materia y están obligadas por la ley vasca de víctimas a impedirlos y siguiendo por la Audiencia Nacional que no persigue ni investiga estos graves delitos".

"Estos homenajes implican que haya niños que crezcan viendo en primera fila de esos homenajes a condenados por terrorismo como héroes", ha agregado.

La hermana del exdiputado del PP en el Parlamento vasco y exteniente de alcalde de San Sebastián asesinado en 1995 por ETA ha exigido al Gobierno que disuelva a ETA deteniendo "a todos los etarras que campan a sus anchas, entre ellos Josu Ternera, que lleva quince años en busca y captura" y que den a las víctimas "la foto de la derrota" de la banda terrorista.