El Tribunal Constitucional se ha fragmentado en dos bloques al rechazar una ponencia, impulsada por un magistrado del sector conservador, que proponía absolver a un dirigente de la Confederación Intersindical Galega (CIG) que fue condenado por instar a quemar la bandera de España.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que seis magistrados han votado en contra y cinco de ellos a favor de la ponencia absolutoria del magistrado Andrés Ollero, que consideraba que esta acción está amparada por la libertad de expresión en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

De hecho, la división no solo se ha producido entre conservadores y progresistas sino también entre los primeros, puesto que Ollero (exdiputado del PP) era el más firme partidario de absolver al sindicalista gallego Pablo Fragoso, que fue condenado al pago de una multa de 1.260 euros como autor de un delito de ultraje a España impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol (A Coruña).

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2014 frente al Arsenal Militar de Ferrol durante la ceremonia de izado de la bandera.

Al mismo tiempo, varias personas, entre las que se encontraba Fragoso, se concentraban ante el edificio de la Armada en protesta por un conflicto laboral de las trabajadoras del servicio de limpieza en instalaciones militares cuando el sindicalista tomó un megáfono e instó a "prender fuego a esa puta bandera".

Pero el condenado siempre ha negado que dijera eso y sostiene que todo fue "una invención del almirante" jefe del Arsenal Militar.

El ponente de la sentencia proponía conceder el amparo al sindicalista recordando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) sobre libertad de expresión como ocurrió en 2018 cuando falló de forma unánime contra España al entender que quemar una foto de los reyes no vulnera la libertad de expresión, por lo que la pena de cárcel impuesta a dos personas que lo hicieron en 2007 supone "una injerencia" no proporcionada.

Tras no salir adelante su propuesta, Ollero ha renunciado a la ponencia que ahora ha asumido el magistrado Antonio Narváez, que deberá redactar una resolución para someterla a votación en el primer pleno de diciembre, pero esta vez ya con el sentir mayoritario, que entiende que instar a quemar la bandera de España es delito.