Begoña Fernández.

La Constitución española cumple cuarenta años en plena crisis de modelo autonómico, entre la tensión recentralizadora y la independentista, y con dudas sobre si se emprende una reforma territorial para todas las comunidades o sólo para tranquilizar las aspiraciones secesionistas de Cataluña.

Expertos constitucionalistas, consultados por Efe, coinciden en que reformar la Constitución es defenderla y el modelo federal es posible como una evolución natural del Estado autonómico aunque también advierten de que no será la varita mágica que solucione las ambiciones territoriales de Cataluña o País Vasco.

"Las constituciones se defienden reformándolas", señala el especialista en Derecho Constitucional de la UNED Juan Manuel Goig, quien también considera que "no hace falta" conseguir los consensos obtenidos en 1978, "sino las mayorías que establece la propia Constitución en los artículos 167 y 168, que ya son suficientemente amplias".

Goig subraya que el actual modelo autonómico vive "dos tensiones contrapuestas, una recentralizadora y otra independentista, que no se anulan, sino que se retroalimentan" y la cuestión territorial sigue "abriéndose en canal" en los momentos de crisis.

Sobre la aplicación del 155, Goig reconoce que fue la "situación más complicada" a la que tuvo que hacer frente el Estado español en el aspecto territorial pero, a su vez, no resultó "tan traumática como se creía" y acabó siendo un instrumento válido para restablecer el orden constitucional.

Goig no cree que el 155 necesite modificaciones pero sí considera que el alcance de su aplicación debe ser "proporcional, racional y razonable", y debe tener como límite el propio respeto a la Constitución.

También sostiene que "no se puede jugar con ligereza" con la aplicación de situaciones de excepcionalidad en el control de la actividad autonómica.

En este sentido, el catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo asegura que la aplicación del 155 fue la "primera suspensión de la Constitución española, que no había sido suspendida nunca en su vigencia".

Para este experto, "si no fuera por Cataluña no habría Estado de las autonomías y España sería un Estado unitario y centralizado".

Por ello, entiende que una revisión de la Carta Magna exige que se encuentre una solución para la integración de Cataluña porque el Título VIII "ha dejado de tener sentido en Cataluña y no es aceptado por su población".

Este catedrático considera que el Estado de las autonomías es "como un Estado federal vergonzante" en que estatutos, como el catalán, "han saltado por los aires" con la sentencia del Constitucional, que "desautorizó" el pacto entre el Parlament y las Cortes y el resultado del referéndum.

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"Y se cargó los pilares de la Constitución territorial, que son el pacto y el Estatuto de autonomía", añade.

Pérez Royo insiste en que se reconozca que "el empuje viene de Cataluña casi exclusivamente, después se sumó el País Vasco y luego venimos todos los demás" y sostiene que "la única solución que tiene sentido es que España se convierta en un Estado federal".

Sobre este último asunto, el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal Prado dice que no se opone a una reforma federal de la Constitución pero avisa de que no va suponer grandes novedades "y no lleva consigo necesariamente mayor grado de descentralización".

"El federalismo puede solucionar algunos problemas pero no va a ser la varita mágica ya que tenemos un nivel descentralizador en algunos aspectos superior" remarca.

Este experto sí considera que el Título VIII está "obsoleto" porque ya se han ejecutado los mecanismos para acceder a la autonomía "y no tiene sentido que permanezca en la Constitución".

También entiende que el artículo 150, que deja abierta la posibilidad de transferir competencias, "debería cerrarse".

Vidal Prado estima que "un modelo autonómico de descentralización permanentemente abierto genera desequilibrios. No se debería permitir que se pudiesen transferir competencias de modo ilimitado".

Sobre el 155 coincide en que se deje "tal y como está" ya que su aplicación no generó tanta problemática si bien subraya que el momento más delicado de la Constitución es el que "se vive en estos momentos con el desafío secesionista".

Al igual que el resto de los expertos coincide en que sería bueno reformar la Constitución para mejorarla "y cuánto más se tarde, más riesgo hay que ruptura".

Estos expertos constitucionalistas también se pronuncian sobre la Disposición Transitoria cuarta a efectos de la incorporación de Navarra al País Vasco.

Para Peréz Royo, esta disposición no se puede anular y para modificarla tiene que haber un pacto constituyente mientras que Vidal Prado cree que "ya no tiene sentido porque es transitoria y una vigencia de 40 años ha sido suficiente" y para Goig esta disposición es "muy dudosa" porque Navarra ya ha decidido ser una comunidad foral, integrándose plenamente en la construcción autonómica.