El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha urgido más recursos económicos y humanos para fortalecer la independencia de esta institución y que no se vea afectada por ello y ha incidido en que el presupuesto adjudicado es insuficiente para poder ejercer con sus funciones.

Rodríguez Álvarez ha comparecido en la Comisión del Congreso para la auditoría de la calidad democrática y la lucha contra la corrupción para dar cuenta de la independencia de este Consejo de Transparencia nacido en 2013 y que según su presidente falta por completar en cuanto a recursos económicos, humanos y órganos.

El presidente ha reclamado un incremento anual del presupuesto, que actualmente es de 2,86 millones "manifiestamente insuficiente para cumplir con sus funciones", al menos del doble y ha insistido en que la "precariedad de recursos del Consejo afecta a su independencia de actuación" ya que no permite ampliar la plantilla.

En este sentido ha destacado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no cuenta ni con un gabinete jurídico, que pueda dirimir las reclamaciones que registra la entidad, ni con una secretaría general.

"Eso significa que los procesos burocráticos se desplazan al presidente y que tengo que firmar hasta la compra de sellos de correos", ha puntualizado.

"Lo más urgente para fortalecer la autonomía e independencia del Consejo es completar su creación. Es una institución que quedó a medio hacer y es necesario acabar de completarla con una estructura adecuada e incrementar sensiblemente su presupuesto anual", ha reiterado tras afirmar que "la situación no solo no es satisfactoria sino que es crítica".

Tras explicar que la dotación de esta autoridad independiente se recortó en 2018 en un 22 % y tiene una plantilla de 24 personas, Rodríguez Álvarez también ha destacado otros cambios que considera necesarios como es la fórmula de nombramiento de su presidente, que -en su opinión- debería decidir el Parlamento por mayoría absoluta.

"La legitimidad ha de ser concedida por el Parlamento, que debe tener la posibilidad de examinar la profesionalidad de los candidatos en un trámite abierto con publicidad", ha indicado.

No obstante, ante las críticas del PP y de Ciudadanos por la cercanía del presidente al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y al partido socialista, el presidente del Consejo de Transparencia ha señalado que "todos hemos tenido que tomar decisiones directas sobre grupos parlamentarios, partidos o gobiernos que nos dan apoyo" pero hay una "estricta sujeción a derecho".

"Incluso aunque hubiera al frente una persona con una intencionalidad de favorecer políticamente a un partido existen garantías suficientes para que eso no ocurra", ha puntualizado, toda vez que también ha considerado normal los relevos que ha hecho dentro del Consejo "porque todo máximo responsable de una institución tiene que poder configurar su equipo directivo".EFE