Varios miembros del Consejo de Administración y de la comisión de control de Caja Segovia han comparecido este jueves como testigos en el caso de las prejubilaciones millonarias, donde han confirmado que desconocían las cuantías de las mismas, así como los sueldos de los directivos.

Durante toda la mañana han declarado en la Audiencia de Segovia varias personas con funciones en los órganos de la Caja y han advertido de que ni en 2006 cuando se aprobó el plan de prejubilaciones, ni en 2008 o 2010, cuando se produjeron las modificaciones del mismo, se aportaron cifras.

Además, todos ellos, han reconocido que, al menos al principio, tenían una "completa" y "plena" confianza tanto en el comité directivo como en las decisiones, no vinculantes, que previamente derivaba e informaba la comisión de retribuciones.

En este sentido, la consejera y miembro de la Comisión de Control, Dolores Romero, ha asegurado ante el juez que "si se hubieran proporcionado las escandalosas cantidades habría saltado alguna alarma y se habría pedido antes la justificación, porque eran cuantías muy elevadas".

De hecho, cuando se detallaron en 2011 las prejubilaciones que cobrarían los directivos, Romero ha recordado que presentó su renuncia del comité de control por considerar desproporcionadas estas asignaciones en relación al resto de trabajadores.

Aunque ante las preguntas de la defensa ha puesto de manifiesto que la comisión de control no detectó ninguna ilegalidad, también ha insistido en que no tenían la posibilidad de calcular el impacto que supondrían la prejubilaciones porque no figuraba en las cuentas el sueldo del equipo directivo, ni nunca, ni siquiera cuando se preguntó, les proporcionaron dicha información.

En la misma línea, otro de los miembros del Consejo de Administración, Bonifacio García, ha dicho que su confianza en el equipo directivo era plena, que las votaciones se producían por asentimiento y que hasta 2011 no conocieron en ningún momento las cantidades de las prejubilaciones.

Por otra parte, ha planteado que en 2008, cuando se produjo la primera modificación, ya se estaba negociando la fusión de cajas y ha señalado que el Banco de España en uno de los informes que emitió, sí que mencionaba como debilidades tanto la sobredimensión de la Caja en el mercado inmobiliario, como su morosidad.

Manuel Berzal, también miembro del Consejo de Administración, ha comentado que en las reuniones del comité aprobaban por unanimidad los acuerdos, "sin ningún tipo de debate" y se votaba "sin conocer", en parte debido a la gran confianza en la gestión de los directivos, una confianza que él mismo dejó de tener más adelante.

Por el contrario, tanto el que fue vicepresidente del Consejo de Administración y miembro la comisión de retribuciones, Miguel Antona, como el secretario del Consejo de Administración, Sergio Gozalo, han subrayado que "no se cometió ninguna irregularidad" y que en los consejos nadie manifestó la falta de información.