La PNL, que ha recibido el apoyo de Ciudadanos y Vox, también incluía reforzar la independencia de la Fiscalía

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes por 21 votos a 15 una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP con varias medidas de reforma en materia del Justicia, entre ellas una dirigida a instar al Gobierno a reformar la Ley del Indulto de modo que no puedan concederse a personas condenadas por rebelión y sedición, como son las penadas por el 'procès'.

La iniciativa incluía otros puntos referidos a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ; y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado.

La propuesta, defendida por el diputado Carlos Rojas, buscaba también "reducir la discrecionalidad del Gobierno" en material de concesión de indultos, de modo que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de "delitos de especial gravedad".

Rojas se ha referido para justificar esta reforma a las recurrentes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por sedición en la causa del 'procès' independentista en Cataluña, y ha añadido que el indulto "sólo es democráticamente" asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en a su juicio no se da en el caso de los líderes independentistas en prisión.

Rojas ha argumentado igualmente a favor de una reforma del Estatuto de de los fiscales para que Abogacía del Estado que exija su abstención en los casos que la afectan por razón de su anterior puesto, en clara alusión al paso del ministerio a la fiscalía general de su actual titular, Dolores Delgado.

La reforma reclamaba además reforzar las atribuciones del Consejo Fiscal y dotar de una mayor transparencia las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General, obligando a publicarlas en la memoria anual del Ministerio Público.

Como tercer pilar de su PNL, el PP pretendía emplazar a Moncloa a reformar la LOPJ para que los doce vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial "sean elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo".

Todas estas medidas han recibido el rechazo del resto de grupos políticos excepto Vox y Ciudadanos. Así, Mikel Legarda del PNV ha recordado que todas ellas ya se ha debatido anteriormente en distintas mociones y propuestas no de ley y han merecido el rechazo de su grupo parlamentario.

Por su parte Josep Pagés, del Grupo Plural, ha recordado respecto a posibles futuros indultos a condenados por el 'procés' que el PSOE eliminó el delito de referéndum ilegal en su momento, lo que fue ratificado por el PP porque no lo restituyó cuando tenía mayorías para hacerlo. A ello se une, ha señalado, el hecho de que la condena por sedición cuente con el voto discrepante de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Para Carolina Telechea, de ERC, lar reforma planteada por el PP, "aparentemente muy rigurosa", sólo busca reforzar la represión del independentismo.

Por ello se pregunta por qué el PP no instó prohibir estos indultos en 1988, en los casos de Armada y Tejero. También ha recordado que tanto PSOE y el PP han concedido 227 indultos a personas condenadas por corrupción desde 1996.

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Igualmente se ha mostrado en contra de la propuesta el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, que ha recordado que el fiscal general designado por el PP Eduardo Torres- Dulce, dimitió según informaron en su momento los medios de comunicación por las presiones recibidas desde este partido. "Esta propuesta para limitar indultos también es una enmienda a la totalidad de la política de indultos del PP", ha añadido Santiago, que ha recordado los 6.000 indultos dados en ocho años por el Gobierno de Aznar, más de mil en un sólo día.

GRUPOS A FAVOR

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha mostrado su apoyo a la propuesta de los populares argumentando que las actuaciones el Gobierno en materia de justicia "ha llevado a un desprestigio de las instituciones inconcebible", desde el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del estado, que ha calificado de "duro golpe contra la decencia democrático" hasta la reciente reforma "al más claro estilo polaco" que ha merecido la llamada de atención de las instituciones europeas.

También se ha posicionado a favor de la propuesta el diputado de Vox Javier Ortega-Smith, a pesar de criticar duramente la "incoherencia del PP", que cuando Gobierno no hizo la reforma que ahora propone. Su partido propone la reducción de todos los indultos, por conculcar las decisiones adoptadas por los tribunales.

Finalmente la diputada del PSOE Andrea Fernández Beneítez ha reprochado al PP que se niegue a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y prefiera "jugar con los tiempos y rechazar cualquier voluntad de acuerdo". Respecto a las propuestas del PP sobre el indulto ha señalado que por su propia naturaleza es una decisión que corresponde al gobierno, y que "si los informes son vinculantes lo vaciaría de contenido".