El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular contra la proposición de ley de Unidos Podemos que busca derogar los plazos máximos de instrucción en los procedimientos judiciales.

Todos los grupos parlamentarios, excepto el popular, que presentó la enmienda, han votado hoy en su contra al considerar que puede favorecer la impunidad de los acusados, porque los jueces y fiscales de España "muchas veces no tienen los medios para llevar a cabo la instrucción y menos en tan poco tiempo".

Pero la paralización de la iniciativa durante casi dos años, Unidos Podemos la presentó en marzo de 2017, hace que esté abocada al fracaso ante el final inminente de la legislatura. Por ello, la diputada Gloria Elizo ha pedido al Gobierno que acometa ese cambio por decreto ley.

Se trata de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece plazos máximos de seis meses para instruir las causas consideradas simples y dieciocho para las complejas.

Elizo ha culpado al PP y a Ciudadanos de la demora en la tramitación de una reforma que solo implica suprimir un artículo, pero que conllevaría "desatar las manos a jueces y fiscales para que puedan luchar contra la corrupción, el escándalo que está socavando la democracia del país".

Según el socialista Artemi Rallo, el PP y Ciudadanos han solicitado 63 ampliaciones del plazo de enmiendas para dilatar la tramitación.

En su enmienda a la totalidad, el PP sostenía que "eliminar por completo los plazos en la instrucción penal es una grave irresponsabilidad" y apostaba por fijar "plazos razonables".

En el debate parlamentario de hoy, los grupos han sostenido que la reforma de 2015 de la LECrim por parte del PP buscaba la impunidad de sus encausados "con la grosera excusa de agilizar la justicia", por lo que desde el mundo judicial se tachó a la norma de ser "la ley de punto final de la corrupción".

En este sentido, el diputado socialista Artemi Rallo ha sacado a colación la red de corrupción formada por 18 integrantes conocida como "caso Erial", con Eduardo Zaplana al frente, que tenía "dinero ilegal recorriendo la geografía mundial" y el PP "quería que se investigase en 6 meses, y si no, carpetazo".

Por su parte, Marcial Gómez, diputado de Ciudadanos, ha insistido en que desde la formación naranja "sí" buscan "reformar el 324 y acabar con el plazo máximo de instrucción", y ha garantizado que la vía para ello es "reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal y la independencia judicial", aunque esto "no le interesa al PP".