Los servicios jurídicos del Congreso consideran que el Gobierno ha incumplido la Ley de Estabilidad al presentar la nueva senda de déficit fuera de plazo, pero cree que esta "irregularidad" no tiene la entidad suficiente como para impedir este jueves su debate o la tramitación de los presupuestos.

La Mesa del Congreso ha recibido hoy el informe jurídico sobre la legalidad de la tramitación parlamentaria de la senda de déficit público para 2019 que ha propuesto el Gobierno que solicitó la semana pasada a instancia de la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

Fuentes parlamentarias han informado de que la Mesa ve bien continuar la tramitación del nuevo déficit, cifrado en el 1,8 por ciento del PIB, al haber hecho suyo el informe.

Los servicios jurídicos confirman que el Gobierno no actuó conforme a la legalidad al presentar la nueva senda pasado el plazo máximo de un mes que fija la ley desde el rechazo de la anterior, lo que ocurrió en julio.

Sin embargo, consideran que el hecho de que el Gobierno haya tardado cinco meses en llevar al Congreso el nuevo déficit -la misma cifra que la rechazada en julio- no constituye un obstáculo jurídico para su debate.

Las dudas jurídicas surgieron con la aplicación literal de la Ley de Estabilidad, que en su artículo 15 señala que "en el primer semestre de cada año" el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad presupuestario y añade que, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, "en el plazo máximo de un mes", remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.