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Congreso y Gobierno incumplen la ley al no habilitar el control parlamentario de los fondos reservados

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 10:31

Una año después de constituir la Cámara, los vetos cruzados entre partidos impiden poner en marcha la comisión que debe vigilar su uso

El Congreso y el Gobierno incumplen la ley que exige a la Cámara Baja el control parlamentario de los fondos reservados y que obliga al Ejecutivo a comparecer semestralmente para dar cuenta del uso de estas partidas presupuestarias en manos de Interior, Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Exteriores.

La ley que regula los fondos reservados desde 1995 establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, "a través de una Comisión parlamentaria compuesta por el Presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos Diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales".

Y en esa comisión, añade, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados "informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios", por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".

Pero la Comisión de control de los Gastos Reservados, que también es la encargada de seguir las actividades del CNI, sigue sin crearse un año después de constituirse el Congreso, como tampoco se constituyó en la legislatura corta de 2019 por la convocatoria anticipada de elecciones.

De hecho, la última vez que se reunió la también conocida como comisión de secretos fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales para dar paso a las elecciones generales del 28 de abril, cuando el entonces ministro de Exteriores, Joseo Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento.

Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como 'operación Kitchen'.

CASI DOS AÑOS SIN COMPARECER MINISTROS

Esto supone que durante casi dos años no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del CNI, ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno.

Este bloqueo tiene su origen en los vetos cruzados entre los partidos, que impiden un acuerdo de mínimos que permita elegir en el Pleno del Congreso a los integrantes de la comisión.

El problema es que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Los elegidos, uno por cada grupo parlamentario del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la Comisión de Gastos Reservados, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.

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Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no resulta propicio.

AYUDA PARA METER A PORTAVOCES INDEPENDENTISTAS

Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la citada comisión, es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.

Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada.

Y el PP, según ha confirmado a Europa Press su actual portavoz, Cuca Gamarra, "evidentemente" tampoco piensa apoyar que Bildu pueda acceder a los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.

Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión de secretos oficiales, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que recelan de la presencia de los de Santiago Abascal.

Con este ambiente, los principales grupos de la cámara no tienen prisa y todo apunta a que la creación de esta comisión se irá dilatando en el tiempo porque, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias, para que la elección de los miembros de secretos pueda llegar a incluirse en el orden del día del Pleno tiene que haber un cierto acuerdo, ya que sería un fracaso dedicar cerca de dos horas para esa votación con papeleta y en urna para que luego ningún diputado superase esos 210 votos necesarios.

YA HUBO VETOS, PERO HABÍA COMISIÓN

Los precedentes no son muy positivos, pero en legislaturas anteriores, salvo en las cortas, al menos se llegaba a constituir la comisión de gastos reservados.

Así, en la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. "Con su pan se lo coman", fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.

Y, además, en 2015 los 'populares' se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría "mucho sentido" que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como "independentista".

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