La mayoría del Congreso ha desoído hoy las críticas del PP a las declaraciones de miembros del Gobierno que, a su juicio, tienen como objetivo menoscabar la independencia y la legitimidad del poder judicial.

El grupo popular ha defendido en el pleno una proposición no de ley para pedir que los miembros del Ejecutivo se abstengan de pronunciarse sobre procesos en marcha, como la causa del "procés", al considerar que "responden a una estrategia para influir en la opinión publica y presionar al poder judicial por un interés político".

En una dura intervención, la diputada María Ángeles Esteller ha tildado de "intolerable" que el "Gobierno diga a los jueces lo que tienen que hacer, y que "se presione al Supremo" antes del juicio para mantenerse en el poder, lo que le convierte en "cómplice" del proceso independentista porque "no respetan a jueces y policías"

Pero el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, le ha instado a valorar más a la carrera judicial, su independencia y su capacidad de defenderse ante "meras declaraciones".

Ha recordado además al PP que los jueces pueden pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial y que este organismo denuncia el hostigamiento del que pueden ser objeto jueces y magistrados, pero siempre avala la libertad de crítica.

Ciudadanos se ha sumado a la iniciativa del PP y ha criticado las declaraciones de miembros del Gobierno a favor de limitar la prisión preventiva de los políticos presos o de concederles un futuro indulto, pero ha denunciado también la actitud de los populares ante otros procesos, como el caso Gürtel.

"Consejos vendo que para mi no tengo", ha subrayado su portavoz, Marcial Gómez.

Mientras, tanto ERC como Unidos Podemos han reprochado a los populares que intenten "dar lecciones de separación de poderes" y han criticado sus pactos con el PSOE para impedir una despolitización real del Consejo General del Poder Judicial.

En su opinión, esa despolitización es clave, y lo ha puesto en evidencia la actitud del Tribunal Supremo tras la sentencia que ha establecido que es la banca, y no los clientes, la que debe pagar el impuesto de actos jurídicos al firmar una hipoteca.