El Congreso debatirá la próxima semana una proposición de ley de reforma del Código Penal del PP para que se castigue con penas de hasta cinco años de cárcel a la autoridad o funcionario público que, careciendo de competencias para ello, convoque elecciones o consultas populares por la vía del referéndum.

La Junta de Portavoces de la Cámara Baja ha aprobado este martes, coincidiendo con el comienzo del juicio a los políticos independentistas catalanes, que el asunto se incluya en el orden del día del próximo pleno, han confirmado a Efe fuentes del grupo popular.

El PP presentó la proposición de ley para incorporar al Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum a finales de septiembre pasado, escasos días antes del primer aniversario de la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

Fue la primera iniciativa parlamentaria presentada por los populares en la nueva etapa que emprendieron los populares tras la elección de Pablo Casado como presidente del partido en sustitución de Mariano Rajoy.

Además de penas de prisión, los populares proponen hasta diez años de inhabilitación absoluta para los responsables de esas consultas.

También prevé penas de uno a tres años de cárcel para la autoridad o funcionario que, sin realizar la convocatoria ilegal, promueva o colabore con su celebración, y de seis meses a un año de prisión, o multa de 12 a 24 meses, para los interventores de esas mesas electorales.

En la exposición de motivos, el PP señalaba que desde 2003 el Código Penal ya contaba con esas penas pero una reforma posterior "consideró oportuno despenalizar tales conductas".

Sin embargo, cree que, diez años después de esa despenalización, los "acontecimientos recientes en la historia de España" -en referencia al desafío independentista en Cataluña- revisten la suficiente gravedad como para merecer un reproche penal.

En su opinión, los actuales controles de legalidad se han demostrado insuficientes "para reprimir y disuadir" a quienes convocan, promueven y facilitan esas consultas ilegales.