La ponencia de la Comisión de Interior del Congreso que estudiaba la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se ha reunido hoy, pero esta vez para dar carpetazo a los trabajos que se habían realizado ya y cerrarla debido al adelanto electoral.

Fuentes parlamentarias han indicado a Efe que ha decaído todo lo que se había acordado y han lamentado que sea así, ya que en casi todo lo que se había cerrado había habido consenso.

Los trabajos comenzaron en noviembre después de haber escuchado las opiniones de 14 comparecientes elegidos por los grupos, desde sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles hasta catedráticos o la plataforma No somos delito.

Se trataba de modificar la ley que se aprobó en 2015 con el Gobierno del PP y que muchos grupos de la oposición querían derogar, aunque finalmente se optó por su reforma partiendo de un texto del PNV que retocaba 44 artículos de la norma aún en vigor.

Tras diversas sesiones, los grupos ya habían llegado a algún acuerdo en determinados aspectos, como el relacionado con la difusión y toma de imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad.

Según el acuerdo, sólo se sancionaría si suponía un riesgo para la seguridad de los propios funcionarios o de sus familias.

También hubo acuerdo para que se intentara despenalizar la convocatoria espontánea de manifestaciones, de tal manera que se pudiera pedir la autorización correspondiente cuatro horas antes de su celebración y de forma telemática.