La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la prisión provisional sin fianza para el dueño del Grupo funerario El Salvador, quien fue arrestado y permanece encarcelado tras la investigación abierta por el cambio de ataúdes ya comprados por otros más baratos antes de la cremación.

La Audiencia vallisoletana ha rechazado así el recurso interpuesto por el propietario de la funeraria contra el auto de prisión que dictó el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que se ocupa del caso, han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

También ha desestimado el recurso planteado por el hijo del dueño del Grupo El Salvador y mantiene la situación de prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 800.000 euros, una cantidad que establece como "proporcionada" para neutralizar el riesgo de fuga.

Hace pocas fechas, la Audiencia decidió reducir a 200.000 euros la fianza fijada para la hija del dueño de la funeraria, quien también fue detenida dentro de la operación policial "Ignis", en la segunda rebaja efectuada desde que entró en la cárcel, ya que primero se estableció en 800.000 euros y después fue reducida a 400.000, según explicaron a Efe fuentes jurídicas tras la decisión judicial.

Al disminuir la cantidad de fianza para la hija del propietario de la funeraria, el tribunal entiende que no existe riesgo de alteración de prueba ni de reiteración delictiva, mientras que sí observó riesgo de fuga por las altas penas a las que puede enfrentarse por la gravedad de los delitos que se le imputan.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid investiga si el dueño del Grupo El Salvador, varios familiares y trabajadores vendieron féretros que retiraron antes de incinerar, una estafa continuada que, supuestamente, pudieron cometer durante 20 años con casi 6.000 ataúdes, según fuentes policiales.

Además del dueño y dos de sus hijos, la Policía detuvo a otras trece personas -puestas en libertad tras prestar declaración- en una primera fase de la Operación Ignis, a las que se sumó otra decena de arrestados el pasado 21 de febrero, en estos casos extrabajadores del Grupo empresarial, que también fueron puestos en libertad tras haber pasado a disposición judicial.

En concreto, el Juzgado centra la investigación por el momento en delitos continuados de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.