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Condenado un exministro de Sri Lanka a sufragar la reforestación de la tala ilegal de un parque nacional

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 08:37

El Tribunal de Apelaciones de Sri Lanka ha sentenciado al exministro de Industria y Comercio Rishad Bathiudeen a sufragar la totalidad de los costes del programa de reforestación del santuario del bosque del Parque Nacional Wilpattu, el norte de la isla, después de dictaminar que su deforestación para el reasentamiento de los desplazados internos fue llevada a cabo en contra de la ley y en la que Bathiudeen estuvo directamente implicado.

La corte ha hecho referencia al principio de "quien contamina paga", según informa el diario local 'Daily News', y ha dictado el fallo en virtud de una petición de orden judicial presentada por el Centro de Justicia Ambiental del país.

En este, el tribunal ha observado que, en virtud del segundo artículo de la Constitución, es un deber fundamental de toda persona en Sri Lanka "proteger la naturaleza y conservar sus riquezas", algo que con sus acciones Bathiudeen no habría hecho con el proyecto de reasentamiento.

Además de la sentencia al exministro, ha ordenado al conservador general del Departamento de Conservación Forestal que adopte medidas para aplicar un programa de plantación de árboles de conformidad con las disposiciones de la ordenanza forestal en cualquier zona equivalente a la superficie de la reserva.

El Departamento de Conservación de Bosques tiene un plazo de dos meses para estimar el coste del programa de reforestación.

Rishad Bathiudeen ha sido acusado de deforestar 2.000 hectáreas de tierra pertenecientes al santuario de Wilpattu para reasentar a los musulmanes desplazados durante un conflicto interno de 26 años en el norte y el este del país.

En este sentido, tendrá que correr con los costes de la replantación de una superficie forestal equivalente a la destruida en el lugar.

En 2012, cuando era ministro del Gabinete, Bathiudeen reubicó a 1.500 familias musulmanas que fueron desplazadas después de que los rebeldes tamiles expulsaran a los musulmanes del norte del país.

Para hacerlo, dividió la zona en parcelas, caminos pavimentados y asentamientos no autorizados que han causado "daños irreparables a todo el medioambiente, el ecosistema y los hábitat de vida silvestre", según la denuncia.

La guerra civil, que duró 26 años y enfrentó al Gobierno y los rebeldes tamil de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), que reclamaban un estado independiente en el norte, acabó en 2009, aunque aún es objeto de controversia.

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