Una vecina de Villablino (León), J.G.J., de avanzada edad, acusada de cobrar durante 19 años la pensión de su tío fallecido, ha sido condenada tras un acuerdo con el fiscal a dos años de cárcel y a devolver la deuda pendiente a la Seguridad Social.

El juicio estaba fijado para este lunes en la Audiencia provincial de León aunque ha sido suspendido ante un principio de acuerdo, si bien no ha podido materializarse por cuestiones administrativas, por lo que la vista se retomará en un plazo no superior a 30 días una vez resueltos los trámites pendientes.

La petición inicial de la Fiscalía era de 6 años de prisión y una multa de 99.000 euros por un delito de fraude de prestaciones al Sistema de la Seguridad Social por 132.000 euros entre 1997 y 2016.

El acuerdo alcanzado entre la defensa de la mujer y la Fiscalía establece un pago inicial de 25.000 euros y la responsabilidad civil de abonar 600 euros mensuales de su pensión.

La mujer cobra en la actualidad una pensión de 1.300 euros que verá rebajada hasta la prestación mínima, que es de unos 600 euros, para con la diferencia hacer frente a la deuda.

Se ha establecido que en caso de morir antes de haber pagado la totalidad de la deuda con la Seguridad Social sea el banco donde recibe la pensión el que satisfaga el resto.

El acuerdo ha sido respaldado por los letrados del Banco Santander y de la Tesorería.

La mujer estuvo cobrando la pensión de su tío fallecido entre 1997 y 2016 por un montante de 132.644 euros, a razón de unos 500 euros mensuales.

Según relata el escrito de la Fiscalía, la acusada "de forma intencionada y con ánimo de cobrar indebidamente un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la Administración Pública siguió recibiendo en la cuenta de la que era cotitular el importe de la pensión de su tío para sus disfrute durante 19 años hasta que en 2016 fue descubierta por el INSS".

De la cantidad defraudada, el banco, a través de un proceso de retrocesión automático, ha devuelto 33.613 euros a la Seguridad Social, por lo que siguen pendientes de recuperar 99.031 euros.

Además, la Fiscalía recalcaba en su escrito de acusación que el banco desde el que se cobró la pensión "incumplió plenamente su obligación de realizar, al menos una vez al año, un control de pervivencia del titular de la pensión, cuyo incumplimiento conlleva la responsabilidad civil subsidiaria ante el INSS derivada de su negligencia por las cuantías indebidamente abonadas".