El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha acogido "favorablemente" la normativa propuesta por la Comisión Europea para proteger a aquellas personas que informen sobre violaciones de la legislación comunitaria, pero ha advertido de que, en algunos casos, su "excesiva complejidad" puede restarle eficacia.

A juicio de los auditores europeos, esta normativa --que todavía está siendo negociada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo-- puede potenciar los derechos legales de los denunciantes en todos los Estados miembros y otorgar a los ciudadanos "un papel esencial" para garantizar la aplicación de las leyes europeas en el ámbito de su trabajo.

En concreto, consideran que el sistema propuesto ayudaría a mejorar la gestión de políticas y programas de la UE y serviría de complemento a los procedimientos de infracción que Bruselas puede abrir a los Estados miembros. Además, añaden que las denuncias "tienen el potencial de generar ahorros para el presupuesto de la UE" si afectan a los intereses financieros de la UE.

El miembro del Tribunal de Cuentas europeo responsable del informe, Pietro Russo, ha recordado que los países aplican en la actualidad "enfoques muy diversos" en el ámbito de la denuncia de infracciones, por lo que "una directiva exhaustiva, bien concebida y fácil de aplicar podría ser una herramienta eficaz que contribuyera a la protección del presupuesto, la buena gestión financiera y la rendición de cuentas".

Sin embargo, los auditores han mostrado su preocupación por la "complejidad" que presenta la directiva en cuanto a su aplicación. En concreto, el Tribunal de Cuentas avisa de que, si los países deciden no utilizar la posibilidad de ampliar la directiva para dotarse de un marco nacional "global y coherente", los potenciales denunciantes "tendrían que averiguar si abarca o no la infracción sobre la que quieran informar para saber si pueden beneficiarse de la protección. "Esto podría disuadirles", señalan.

Los auditores europeos añaden que este problema se puede resolver "en parte" aportando información "clara y fácilmente accesible", asesoramiento y asistencia a los posibles denunciantes, así como medidas contra las represalias. También han planteado la opción de incrementar la formación y sensibilización del personal.

Por último, apuntan que el "factor determinante" para la protección de los informantes debería ser el interés público de la información revelada y añaden que los Estados miembros "no deberían poder denegar protección sobre la base de intenciones subjetivas o motivaciones específicas de los denunciantes".