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Cómo se beneficiarían los condenados por el Procés de la reforma en el delito de malversación que propone ERC

El Gobierno ha echado a andar la idea de un abaratamiento de la malversación que carezca de consecuencias generales y que afecte solo a los procesos derivados del Procés

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Texto: Redacción Digital / Audio: Ricardo Rodríguez

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 02:27

En espera de que Esquerra concrete el viernes su enmienda ante el registro del Congreso, el Gobierno ha echado a andar la idea de un abaratamiento de la malversación que carezca de consecuencias generales y que afecte solo a los procesos derivados del Procés. La propuesta de ERC pasa por castigar con ocho años de cárcel los casos más graves, de existir ánimo de lucro. Sin embargo, contempla rebajar a la mitad hasta una pena de cuatro años a quien haya desviado fondos públicos, pero sin estar destinados al beneficio propio.

En su despliegue por distintos medios, Pilar Alegría y Margarita Robles, ligaron la reforma a un esfuerzo por homologar el Código Penal al de otros países europeos. Un argumento ya empleado para dar el visto bueno al borrador de la sedición. "No habrá ni un paso atrás con respecto a la lucha contra la corrupción", defendía la primera. "El reproche penal no puede ser el mismo con alguna actuación que no conlleva un enriquecimiento", sentenciaba la segunda.

La Moncloa se ha sacudido las presiones de días atrás de los varones, pero también de miembros del núcleo duro. Ven de este nuevo cambio un paso más para la convivencia en Cataluña. Pedro Sánchez celebra este domingo un acto con Salvador Illa y Jaume Collboni en Barcelona.

La propuesta de ERC

Tal redacción de la enmienda conllevaría la misma reducción del castigo de inhabilitación como cargo público. Esto sería clave para que Oriol Junqueras y el resto de los condenados del Procés pudieran presentarse en el próximo ciclo electoral. Además, decenas de encausados por montar el referéndum ilegal eludirían la entrada en prisión.

En la actualidad, rige la reforma del Código Penal del gobierno de Mariano Rajoy de 2015 que prevé penas de hasta ocho años por malversar, pero sin diferenciar entre en un enriquecimiento personal y la mala gestión del dinero público.

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