La comisión parlamentaria sobre la conocida como "operación Kitchen" escucha este jueves la versión de uno de los principales imputados, el ex número dos de la Policía Eugenio Pino; y la de Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, quien fue presuntamente objeto de vigilancia y que declara desde prisión.

Los diputados que constituyen esta comisión se reúnen un jueves más en el Congreso para indagar en torno a la "operación parapolicial" presuntamente orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior para seguir a la familia del extesorero del PP en busca de documentos comprometedores para el partido. Un asunto que investiga la Audiencia Nacional dentro del caso Villarejo.

Esta jornada supone la antesala de una serie de sesiones clave para la comisión, que recibirá cada jueves a comparecientes como el chófer de la familia y supuesto confidente policial (20 de mayo); el excomisario José Villarejo (27 de mayo); el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (1 de junio) y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro (2 de junio).

Los últimos serán el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, imputado, como su segundo, en la Audiencia; y el expresidente Mariano Rajoy, que comparecen el 10 de junio.

Pero antes de que eso suceda, este jueves será el turno del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, también imputado y a quien algún investigado responsabilizó de haber participado en el operativo por petición suya o de autorizar los pagos al chófer con fondos reservados, aunque negaron que existiese una operación denominada Kitchen.

Durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga estos hechos, Pino apuntó aún más arriba, al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, quien, dijo, estaba al tanto de la operación, y aseguró que él no la inició porque no tenía capacidad para tomar una decisión así, según informaron entonces fuentes jurídicas.

Tras Pino comparecerá Rosalía Iglesias, que fue objeto de supuestos seguimientos y vigilancias y que figura como perjudicada en la causa judicial. Está previsto que declare por videoconferencia desde la prisión madrileña de Alcalá, donde cumple condena por el caso Gürtel.