Esquerra prefiere no participar en la votación y deja a Junts solo en el voto en contra junto con el PNV

La Comisión del Estatuto de los Diputados ha propuesto este jueves aceptar el suplicatorio que el Tribunal Supremo solicitó al Congreso para poder investigar a la portavoz de Junts, Laura Borràs, por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La propuesta ha salido adelante con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, pero Unidas Podemos y ERC han evitado apoyarla.

Esta comisión que preside la socialista Begoña Nasarre, sólo cuenta con un representante por grupo parlamentario, aunque las decisiones se toman por voto ponderado, en función de los escaños de cada fuerza en el Pleno. La reunión, celebrada a puerta cerrada como todas las de esta comisión, tenía por objeto elevar una propuesta al Pleno del Congreso, que tomará una decisión definitiva el jueves de la próxima semana, también en votación secreta.

Según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press, tanto Junts, en representación del Grupo Plural, como el PNV han votado en contra, mientras que Unidas Podemos ha optado por la abstención y Esquerra y Bildu han preferido no participar en la votación. En todo caso, el suplicatorio ha sido aceptado gracias a los votos del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos.

SIN UNIDAD ENTRE INDEPENDENTISTAS

Cuando compareció la semana pasada ante la comisión, Borràs pidió al resto de grupos que no apoyasen el suplicatorio porque considera que la causa abierta contra ella es "profundamente injusta" y responde a una "persecución política". Además, reclamó unidad independentista, especialmente con ERC, su socio en el Gobierno catalán, y con la CUP.

De momento, ERC se ha inhibido en la votación de este jueves, mientras que la formación antisistema no ha tenido que pronunciarse ya que no forma parte de la Comisión. Será la próxima semana cuando se vea si existe esa unidad independentista.

La portavoz de Junts sostiene que los delitos que se le imputan, que suman 15 años de cárcel, responden a una "causa construida" en su contra por una juez de instrucción "incompetente y manifiestamente negligente", en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía, y da por hecho que si el Supremo la lleva a juicio éste no será "justo". Así lo defendió ante la comisión de la semana pasada y también en las reuniones que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ha mantenido con otros partidos minoritarios que no tiene presencia en ese órgano.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

La diputada independentista ya intentó parar el procedimiento recurriendo ante la Mesa del Congreso al considerar que el Supremo no había respetado sus derechos, pero el órgano de gobierno de la Cámara rechazó su queja con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos optó por la abstención.

El grupo confederal había había anticipado su intención de votar a favor de la concesión del suplicatorio, pero en a votación de este jueves su representante y secretario general del grupo, Txema Guijarro, ha optado por la abstención. Según aseguraron a Europa Press fuentes de Podemos, no pueden concluir que la figura del aforamiento haya sido menoscabada en la instrucción del caso, ni tampoco pueden descartar esa motivación política que alega la diputada independentista.

Unidas Podemos sí votó en contra en 2016 del suplicatorio de quien era portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, para ser investigado por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia. Entonces los morados coincidieron en el 'no' con ERC, el PDeCAT, PNV, Bildu y Compromís, que consideraron que se trataba de una causa política, pero el suplicatorio salió a adelante con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos.

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EL ÚLTIMO SUPLICATORIO QUE SE DENEGÓ FUE HACE MÁS DE 30 AÑOS

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

En las legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.