El comisario jubilado Enrique García Castaño está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados al confirmar el juez los indicios que existen de su participación en un encargo propuesto a José Villarejo para indagar sobre un empresario marbellí que mantenía una disputa económica con una mujer.

Los hechos se investigaron en la pieza número ocho del caso Tándem o caso Villarejo, en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar a García Castaño, a Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a varios mandos policiales, entre otros.

García Castaño, conocido en el entorno policial como El Gordo, impugnó esa resolución al estimar que su imputación se basaba únicamente en las declaraciones de otro policía implicado, Constancio Riaño, algo que no comparte el juez, quien en un reciente auto afirma que la declaración de este mando "constituye un indicio de criminalidad", de modo que confirma la resolución en la que proponía juzgarles por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Esta investigación ha girado en torno a la supuesta elaboración de un informe prejudicial, patrimonial y un análisis documental de un empresario marbellí por parte del Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, y a petición de una mujer con quien el perjudicado mantenía una disputa, también procesada.

Para su confección, según el juez, se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público y a los que pudo entrar por la intervención de los responsables policiales investigados.