El exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya (PP), que se sienta desde este lunes en el banquillo acusado de prevaricación, malversación continuada y cohecho por el caso "Matinsreg", ha defendido que su actuación fue siempre "conforme a derecho".

En esta primera jornada de juicio, que está previsto que se alargue durante unas tres semanas, no ha habido declaraciones de los acusados ante el tribunal en la Audiencia de Jaén, ya que se han tratado cuestiones previas.

Antes de entrar en la sala de vistas, Fernández de Moya ha asegurado a los periodistas que acude al juicio para defender su "honestidad", "honradez" e " integridad personal", y para demostrar que toda su actuación "siempre fue conforme a derecho".

El ex secretario de Estado entre 2016 y 2018 ha señalado que el coste personal de este juicio "es irreparable", sobre todo porque se enfrenta "a una querella política", pero ha insistido en que tiene la conciencia "extraordinariamente tranquila".

El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, pide penas que van desde los seis a los nueve años para siete acusados por el caso "Matinsreg", entre los que no se encuentra Fernández de Moya, para el que sí piden una condena, de hasta once años, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Jaén y la acusación popular ejercida por el PSOE.

La investigación judicial de este caso se inició a raíz de una querella presentada por dos miembros del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén por las supuestas facturas falsas o infladas a la empresa Matinsreg, domiciliada en Toro (Zamora).

A esta empresa el Ayuntamiento de Jaén, cuando Fernández de Moya era alcalde, le adjudicó entre 2012 y 2014 el mantenimiento de las fuentes ornamentales.

Según el escrito de la Fiscalía, el sobrecoste que supuso para el Ayuntamiento la prestación de los servicios de esta empresa fue de 4,2 millones de euros.

El Ministerio Público acusa a siete personas, entre ellas los exconcejales populares Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, además de cinco técnicos municipales y responsables de las empresas contratadas.

Para García Anguita y Manuel del Moral la Fiscalía pide las penas más altas, de nueve años, por los delitos de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental y cohecho.

Tanto Fernández de Moya, como García Anguita pidieron en 2019 la baja temporal de militancia en el PP, tal y como se recoge en los estatutos del partido, y para "no perjudicar la imagen del partido, hasta la resolución y conocimiento de la sentencia que se dicte tras el juicio". EFE

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