El Ejército ocultó que sabía que había menores de edad en el campamento del ELN atacado en septiembre

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha advertido al Gobierno colombiano que los menores reclutados por organizaciones armadas ilegales como la guerrilla no son combatientes sino víctimas del conflicto armado.

La JEP se alinea así con las organizaciones sociales que pidieron una intervención después de que el ministro de Defensa, Diego Molano, se refiriera a los menores como combatientes, según informa Caracol Radio. Una de las funciones de la JEP es adoptar medidas para proteger a los menores víctimas de reclutamiento.

Así, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz ha emplazado al Gobierno a que oriente en lo pertinente las políticas públicas, sus actuaciones y pronunciamientos con base en el reconocimiento de la calidad de víctimas de las personas que, siendo menores de edad, fueron reclutados por grupos armados organizados y obligadas a participar en el conflicto armado interno, a fin de propender por la erradicación de prácticas discriminatorias que deriven en riesgos a su seguridad, vida e integridad personal.

Asimismo, la JEP pide que los funcionarios y cargos públicos se abstengan de referirse a las víctimas de reclutamiento con cualquier declaración que desconozca su calidad de víctima y que pueda generar su revictimización.

Este viernes, Molano defendía la "legitimidad" del ataque aéreo que las Fuerzas Armadas sobre una de las bases de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó, en el que murieron cuatro menores de edad.

"Aquí se desarrolló una operación legítima en contra de una estructura que buscaba expandirse. La crítica debe ser a quienes reclutan a menores de edad para utilizarlos en actividades criminales", ha declarado Molano al ser cuestionado por la muerte de los cuatro adolescentes, según recoge el diario colombiano 'El Espectador'.

"Cuando se desarrollan este tipo de operaciones es altamente probable que haya menores de edad, porque, precisamente, estos grupos armados ilegales reclutan a menores de edad para sus actividades ilegales", argumentó.

EL EJÉRCITO OCULTÓ QUE HABÍA MENORES

A mediados de septiembre el Ejército lanzó un operativo sobre las selvas del departamento de Chocó, en el oeste de Colombia, en el que además de los menores se cumplió con el principal objetivo, abatir al líder del frente Occidental del ELN, Ogli Ángel Padilla Romero, alias 'Fabián'.

El Gobierno celebró que el operativo había sido un éxito y destacó el "duro golpe" que se había asestado a la guerrilla con la muerte de 'Fabián'. Sin embargo, omitió, que también resultaron muertos cuatro jóvenes de entre 13 y 17 años.

No es la primera vez que las autoridades colombianas obvian la muerte de menores de edad como consecuencia de sus operativos contra este tipo de grupos armados. En marzo, el propio Molano justificó la muerte de varios niños en una ofensiva contra posiciones del líder de las disidencias Miguel Botache, alias 'Gentil Duarte', asegurando que los jóvenes se convertirían en "máquinas de guerra".

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Esas declaraciones le valieron una moción de censura que finalmente no prosperó y trajeron a la memoria la renuncia del que fuera primer ministro de Defensa del presidente Iván Duque, Guillermo Botero, quien también justificó en términos parecidos la muerte de ocho menores de edad en una operación en agosto de 2019.

Al igual que en aquella ocasión, el senador opositor de Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, ha denunciado estos hechos y ha anunciado que pedirá la comparecencia nuevamente en el Congreso de Molano, quien ha insistido en la idoneidad del ataque pues desde ahí se "estaban planeando actividades terroristas en contra de los colombianos".

Cepeda denuncia que, tal y como ha confirmado el ministro Molano, las autoridades y el Ejército eran conscientes de la presencia de menores de edad en este tipo de campamentos y pese a ello continuaron adelante con sus ofensivas, por lo que Colombia estaría incumpliendo sus obligaciones de proteger a los niños y niñas que se encuentran involucrados en el conflicto armado.