El presidente canario, Fernando Clavijo, ha afirmado que en su declaración como investigado este miércoles ante la jueza que instruye el caso Grúas ha disipado cualquier tipo de duda acerca de un expediente "de éxito" mientras que los denunciantes afirman que ha culpado a los funcionarios municipales.

Fernando Clavijo ha hecho estas consideraciones en la sede de Presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña tras su declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, que se prolongó durante dos horas y media, por unos hechos que se remontan a su etapa como alcalde en la misma ciudad.

El presidente, que ha distribuido una copia de su declaración a los medios de comunicación, aseveró que como balance general está satisfecho tras dos años aproximadamente de estar esperando para "dar mi versión" respecto a su proceder en el expediente de la intervención temporal de la concesión del servicio municipal de retirada de vehículos.

Fue un expediente de éxito de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna, destacó Clavijo, quien explicó ante la jueza que de haber mantenido la tesis del Ministerio Fiscal se habría ocasionado un quebranto a las arcas municipales al asumir la plantilla de trabajadores y las deudas de la empresa concesionaria.

"Habríamos tenido que asumir el desequilibrio económico con los recursos de todos los laguneros", advirtió el presidente autonómico, para quien su intervención en aquel momento fue "acertada, correcta" y la prueba es que el servicio se sigue prestando y no le cuesta un euro al Ayuntamiento de La Laguna, que no ha tenido que asumir ningún tipo de personal.

Ha sido una jornada muy intensa en la que Clavijo ha querido ser minucioso en la explicación "de todos y cada uno de los expedientes y las dudas" que pudiese tener la jueza instructora, Celia Blanco, y el Ministerio fiscal, prosiguió.

En su opinión, ha podido esclarecer "cualquier tipo de arbitrariedad" en su proceder respecto a la posible existencia de delitos de tráfico influencias, prevaricación y malversación.

No obstante, señaló que no ha querido contestar a las acusaciones particulares porque, reiteró Clavijo, este caso surge de una denuncia política "que lo único que busca es generar daño político y menoscabo" a su posición como candidato de CC a las elecciones locales.

Subrayó Clavijo su convicción de que con su declaración ha quedado acreditado que obró siguiendo el ordenamiento jurídico y que como alcalde tuvo que decidir entre los informes del interventor, que ponía reparos, y el de la asesoría jurídica.

Ha quedado claro, reiteró el presidente, que su intervención entonces fue ajustada al ordenamiento jurídico al levantar los reparos para que se concediese el préstamo a la empresa concesionaria del servicio de grúas, una decisión que correspondió a la junta de gobierno local.

Preguntado por si se siente respaldado por su formación, Coalición Canaria, contestó Fernando Clavijo que "totalmente" y en cuanto a si se replantearía su candidatura a la reelección si la jueza varía su calificación jurídica, respondió que no hace "política ficción" ni tiene la capacidad de averiguar el futuro.

La jueza hará lo que crea "conveniente" y en función de lo que suceda tomaría una decisión, indicó el presidente autonómico, quien reiteró que no ha tenido ningún tipo de problema en ir al juzgado a dar las explicaciones oportunas, pormenorizadas y detalladas acerca de este expediente.

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Por su parte, uno de los denunciantes, Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias, ha manifestado que el presidente culpó en su declaración a los funcionarios y en concreto a una directora de servicio que puede ser imputada en este caso.

Pérez ha lamentado que el presidente no respondiera a la acusación y dejara sin aclarar aspectos que, en su opinión, son claves en este caso. EFE

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