Cinco de los 18 vocales del CGPJ han remitido una carta a la Comisión Europea en la que arremeten duramente contra el Gobierno, al que responsabilizan del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de haber dado "un paso atrás" en la lucha contra la corrupción.

Dicha carta contiene unas respuestas complementarias a las enviadas por la Comisión Permanente del CGPJ para su consideración en el informe sobre el Estado de Derecho de 2023 que debe elaborar la UE.

Y que tan solo firman cinco vocales conservadores que justifican su documento porque las preguntas formuladas por la Comisión no fueron sometidas a la consideración del Pleno del Consejo.

Estos cinco vocales descargan en el Gobierno la responsabilidad del bloqueo en la renovación del Consejo por "su rechazo total a la modificación del modelo de gobierno judicial español para su adaptación a los estándares europeos sobre Estado de derecho" que es la principal controversia que impide la renovación del Consejo.

Y sin citar al PP, señalan que otros grupos parlamentarios han presentado iniciativas en el Parlamento para adaptar nuestra legislación a la europea, en las cartas que remiten a la vicepresidenta de la Comisión encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová; y al comisario de Justicia, Didier Reynders.

Precisamente Reynders dejó claro en su visita del pasado octubre a España cuales deben ser las prioridades. Dijo que primero se debe acometer con urgencia la renovación del Consejo e "inmediatamente después" cambiar el modelo de elección de sus miembros.

Los vocales recuerdan el último intento del PSOE y PP por pactar la renovación en octubre, pero matizan que la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, que suprimió la sedición y modificó la malversación, abrió una crisis que frustró una vez más las negociaciones.

Al respecto, alertan de que esa reforma supone "un paso atrás" y "un debilitamiento" en la lucha contra la corrupción porque, además, supondrá la revisión de las condenas de los corruptos en prisión.

Los cinco vocales cargan contra el Ejecutivo por su rechazo a devolver al Consejo las competencias para realizar nombramientos y poner fin a la "crítica" situación del Supremo con casi un 30% de vacantes así como por la forma de tramitar las leyes.

Por todo ello, concluyen que "el incumplimiento de los estándares de Estado de derecho de la UE es intenso y debilita las funciones del CGPJ para la defensa de la independencia del poder judicial".