Rafa Martínez

En la quinta semana del juicio del "procés", la Sala ha escuchado el impactante testimonio del mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero que pone contra las cuerdas a un Govern, que tampoco sale bien parado tras los relatos evasivos de sus cargos medios y los proveedores, incapaces de recordar facturas y pagos del 1-O.

Estas son algunas de las ideas clave de la última semana:

TRAPERO

El suyo era el testimonio más esperado en el Supremo, máxime tras las duras críticas que vertieron sobre él y sobre los Mossos los responsables del Gobierno del PP, de la Guardia Civil y de la Policía. El mayor de los Mossos renunció a su derecho a no declarar y presentó una férrea defensa de su trabajo y del de los agentes que comandaba, anticipo de la que esgrimirá en la Audiencia Nacional cuando se siente en el banquillo de los acusados.

Su escueto pero demoledor relato de la reunión con el Govern del 28 de septiembre deja en evidencia a Carles Puigdemont y a los miembros de un Ejecutivo insensible al riesgo de violencia y contumaz en su desafío a la ley pese a sus avisos. Pero deja sobre la mesa del tribunal claves significativas para el desarrollo del juicio.

Por ejemplo, su versión descarta que el Govern tuviera a su disposición un ejército de Mossos (que no solo estaban con la Constitución, sino también dispuestos a detenerlo), o sostiene que el dispositivo del 1-O -y sus famosos binomios- estaba pactado y acordado con quien más lo criticó en el juicio, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

EL ERROR DE VOX

La declaración de Trapero vivió un momento surrealista. Nadie, a estas alturas de juicio, duda de cuál era la pregunta clave que había que plantear al mayor sobre qué ocurrió en aquella reunión del 28S con el Govern. Pero Vox la ignoró y comprometió el interrogatorio del fiscal, cuya responsabilidad viene derivada del hecho de no haber solicitado la declaración más importante del juicio hasta la fecha.

Hábilmente, el fiscal trató de colarse en un asunto, que Trapero no tenía intención alguna de eludir, habida cuenta de lo que aconteció al final de la sesión, cuando el presidente del tribunal tiró de Código Penal para preguntarle.

El error de Vox fue de tal calibre que por la noche tuvo que salir al paso con un mensaje en el que omitió su desacierto para en su lugar atribuirse el mérito de las revelaciones clave que Trapero confesó al tribunal, porque según ellos fueron la única parte que solicitó su testifical, aunque dos defensas también lo hicieron. Pese a todo, Vox se cuelga la medalla.

MARCHENA AL RESCATE

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El presidente del tribunal protagonizó el jueves un guión de película cuando abordó el problema que ocasionó Vox para salvar un asunto nuclear en el conocimiento de los hechos. Parecía que Marchena había sido víctima de sus propios tecnicismos de acotar los interrogatorios cuando impidió al fiscal que preguntara por la reunión de Trapero con Puigdemont, advertido por las defensas. Pero el magistrado se guardó un as bajo la manga.

Sucedió cuando Trapero estaba a punto de recoger su DNI para irse tras cinco horas de declaración. Marchena le pidió que aguantara un momento y entonces usó por primera vez la potestad que le da la ley para preguntar a los testigos. ¿Qué mensaje quiso usted transmitir a los responsables políticos?". Entonces llegó el clímax, porque Trapero cantó, para alivio de la Sala.

Su actuación le ha valido el reproche de las defensas, que por primera vez en el juicio han presentado una queja contra Marchena por suplantar el papel de las acusaciones.

SIGUEN LAS DUDAS SOBRE EL DINERO

Es una de las grandes incógnitas. Facturas de las que la Generalitat se desentiende, otras que proveedores deciden devolver sin recibir ni un euro ("ella decidió que no quería que se abonara", dijo una responsable de la Generalitat de una proveedora), pedidos sin albarán y encargos que nadie sabe quién, cuánto y cuándo se va a pagar.

Y es que esta semana mientras por una parte un alto cargo de la Generalitat negaba que se debiesen abonar dos facturas de 93.179 y 184.624 euros por campañas de publicidad que aún les reclaman; por otra un proveedor de carteles para el 1-O aseguraba que, según le dijeron, era la Administración catalana quien debía pagar 17.250 euros por un trabajo que finalmente no se entregó.

Sin olvidar Diplocat -consorcio financiado en un 85 % por la Generalitat que la Fiscalía considera clave en la malversación- y que, según su ex secretario general, no pagó "observadores internacionales" para el 1-O, sino expertos para hacer un "análisis académico".

EL "TAL TONI" Y LOS TESTIGOS DESMEMORIADOS

Esta ha sido la semana de los testigos desmemoriados, que han dejado anécdotas como la del "tal Toni", el misterioso contacto de la Generalitat que encargó la publicidad y las cartas electorales del 1-O pero del que nadie sabe su apellido.

Trabajadores de la Generalitat, diseñadores gráficos y empleados de empresas que tramitaron, diseñaron o se encargaron de sacar adelante los carteles, la correspondencia y la web del referéndum, supuestamente pagados con dinero público, han contestado de forma evasiva a las preguntas de las acusaciones que los propusieron.

Hasta el punto de que Marchena les ha llamado la atención recordándoles su obligación de decir verdad. La Fiscalía pidió deducir responsabilidades penales por falso testimonio para uno de ellos, el responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre. El tribunal lo decidirá cuando acabe el juicio.