El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no podrá hacer otra cosa más allá de tomar conocimiento de la denuncia que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha presentado por la campaña de "desprestigio personal y profesional e intimidación" que está sufriendo en las redes sociales a raíz de pedir al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, porque el magistrado no ha pedido el amparo, pese a que haya advertido de que algunos mensajes son procedentes de "algunos miembros del Gobierno".

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press, el juez que ha instruido la pieza 'Dina' en el marco del caso 'Tándem' no ha invocado en el escrito que ha remitido este viernes al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el artículo 14.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para solicitar el amparo, sino que tan sólo ha puesto en conocimiento dicha denuncia que este jueves trasladó a la Policía "al detectar la posible existencia de hechos que pudieran revestir carácter de infracción penal".

Ante este hecho, las fuentes consultadas han apuntado que, en un principio, una vez que el escrito de García Castellón se registre en el CGPJ, la Comisión Permanente lo revisará --por lo que aún desconoce si el asunto será incluido en el orden del día de la semana que viene-- y "tomará conocimiento" de los hechos denunciados.

No podrá hacer nada más, ya que al haberse denunciado los mensajes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni siquiera puede instar a la Fiscalía a que investigue la "puesta en marcha de una campaña pública en medios de comunicación y redes sociales exclusivamente encaminada a desprestigiar personal y profesionalmente" al juez de la Audiencia Nacional.

No obstante, las fuentes del CGPJ consultadas han explicado que en el caso de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hubiese pedido el amparo del órgano de gobierno de los jueces para preservar su independencia judicial, no concurrirían las condiciones para conceder dicho apoyo porque el Tribunal Supremo ha dejado bien tasado que éste se debe otorgar siempre y cuando la independencia judicial se vea comprometida y el juez en cuestión se vea presionado para adoptar una decisión judicial.

En este caso concreto, el juez de la Audiencia Nacional no se ha visto perjudicado a la hora de tomar una decisión, pues los mensajes en redes sociales denunciados han surgido a raíz de que elevase al Supremo la exposición razonada, tal y como afirma García Castellón en su escrito, destacan las mismas fuentes.

DENUNCIADO ANTE LA POLICÍA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón denunció este jueves ante la Policía amenazas de muerte recibidas en redes sociales en las últimas horas tras pedir al Tribunal Supremo investigar al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por tres delitos relacionados con la pieza 'Dina', que investiga el robo de la tarjeta del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo.

Tras ello, este mismo viernes, el magistrado ha remitido un escrito dirigido a Lermes resaltando que muchos dirigentes, incluidos miembros del Gobierno de coalición, repiten y amplifican los mensajes contra su persona.

En este sentido, denuncia que esos dirigentes, con la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".

BUSCAN INTIMIDAR A LOS JUECES

Asimismo, García Castellón explica que esa "campaña" pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones.

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Además, apunta que se pretende difundir la idea de que la exposición razonada no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".

El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.