JUSTICIA DISCAPACIDAD

CGPJ avala reforma para acabar con incapacitación judicial de discapacitados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre con el fin de eliminar la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual.,El Pleno del CGPJ ha aprobado hoy el informe que avala la reforma propuesta por el Gobierno que contempla cambiar el sistema legal actual por otro que prioriza el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas.,El anteproyect

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 18:22

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre con el fin de eliminar la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual.

El Pleno del CGPJ ha aprobado hoy el informe que avala la reforma propuesta por el Gobierno que contempla cambiar el sistema legal actual por otro que prioriza el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas.

El anteproyecto prevé la reforma del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la del Registro Civil y la ley de Jurisdicción Voluntaria.

El informe aprobado por el Pleno del CGPJ contiene un "juicio favorable en términos generales" a la reforma legislativa, sobre todo desde el punto de vista de los principios y valores contenidos tanto en la Constitución como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006.

Considera, asimismo, que las reformas permitirán hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, en particular, el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con el fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación" de este colectivo.

A juicio del CGPJ, la reforma, que elimina términos como "incapaz" e "incapacitación" del lenguaje jurídico, supone "la consagración de la discapacidad no como una limitación excluyente, sino como una realidad que requiere del tratamiento normativo adecuado para lograr la definitiva y plena participación e inclusión social" de estas personas.

Una realidad, prosigue el informe, que requerirá un esfuerzo por parte de todas las instituciones y poderes públicos, de los operadores jurídicos, de los intérpretes y aplicadores del ordenamiento jurídico" y de la sociedad en su conjunto.

El informe advierte, no obstante, de las consecuencias que puede tener la desaparición del sistema de tutela de autoridad, porque, a su juicio, puede generar situaciones "incompatibles" con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, "al dejar espacios ajenos al control de los jueces".

Así, recomienda conjugar el régimen de protección basado en el autogobierno y la autoorganización de la persona con discapacidad con el debido control judicial, que permita asegurar la protección y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las personas con discapacidad.

También considera la introducción de mejoras en la planta judicial, al ser necesarios más órganos para dar una respuesta adecuada "a la carga de trabajo que se derivará de aquella, así como seguir avanzando en la especialización de los mismos".

Además, estima "preciso" proveer a estos órganos de los recursos necesarios para hacer el diseño personal de las medidas de apoyo que el nuevo sistema demanda.

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