Cerca de 5.000 internos han vuelto a ver a sus familias en los centros penitenciarios de la Administración General del Estado desde la entrada en vigor el pasado jueves de la Orden del Ministerio del Interior para flexibilizar las medidas adoptadas para evitar la expansión del COVID-19 en las cárceles. Además, casi 300 internos han comenzado a salir de permiso, después de suspenderse para prevenir el coronavirus.

La Orden solo afecta a las prisiones en fase 1 o 2 dentro del plan de desescalada diseñado por el Gobierno y contempla el regreso de las comunicaciones ordinarias, por locutorio, y la reanudación de los permisos de salida, siempre que se disfruten dentro de la provincia.

Según Instituciones Penitenciarias, las comunicaciones se están realizando "con todas las garantías sanitarias, como la obligación de usar guantes y mascarillas por parte de familiares e internos, la desinfección de los locutorios entre comunicación y comunicación y una desinfección general una vez por semana".

Además se han reducido la capacidad del departamento de Comunicaciones al 50%, aunque las visitas se han ampliado a seis días a la semana en varios turnos, mañana y tarde.

CASI 300 PERMISOS DE SALIDA

Desde la entrada en vigor de la Orden de Interior han solicitado además disfrutar de permiso 296 internos en los centros dependientes de la Administración Central. Solo se autorizan aquellos que se disfrutan en la provincia en la que se encuentra el centro penitenciario y solo cuando los internos firman "un conocimiento para permanecer en observación a su regreso durante 14 días o el tiempo que determinen los servicios sanitarios".

Hasta la fecha, 78 internos han dado positivo por Covid-19 en ocho de los 69 centros penitenciarios. De ellos, 40 tienen el alta médica definitiva, según los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias.

LAS VIDEOLLAMADAS PERMANECEN

Prisiones ha señalado que durante la crisis sanitaria y el cierre de los establecimientos al exterior, la ausencia de comunicaciones se trató de paliar aumentando a 15 el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos, que son llamadas gratuitas para aquellas personas sin recursos.

Además, se repartieron teléfonos móviles para la realización de videollamadas. En las prisiones de la Administración del Estado se realizaron más de 54.000 comunicaciones a través de este sistema, que tanto directores como internos han calificado de "éxito", según sostiene Prisiones.

La Secretaría General ha añadido que su intención es regular el uso del teléfono móvil para que permanezcan como fórmula para las comunicaciones de las personas privadas de libertad.