La Generalitat de Cataluña y la de la Comunidad Valenciana han pedido al Gobierno que mejore la "cogobernanza" en la gestión de los fondos europeos para que haya más flexibilidad a la hora invertir en las autonomías los cerca de 60 millones previstos el próximo año para digitalizar la justicia.

Así lo han reclamado en una rueda de prensa conjunta en Barcelona la consellera de Justicia de Cataluña, Lourdes Ciuró, y su homóloga en la comunidad valenciana, Gabriela Bravo, tras una reunión en que también han abogado por hacer un frente común para que el anteproyecto de ley de segunda oportunidad que impulsa el Gobierno no retire la mediación previa en los procesos concursales.

En la reunión, las responsables de Justicia de Cataluña y de la Comunidad Valenciana han coincidido la necesidad de que se mejore la "cogobernanza" para la gestión de los fondos europeos en el ámbito de la justicia, lo que permitiría tener una mayor "flexibilidad y discrecionalidad" a las autonomías para aplicar los cerca de 60 millones de euros previstos el próximo año para digitalizar la justicia.

Bravo ha advertido de que el "problema" sobre el modelo reparto que plantea el Gobierno en materia de justicia, del que ya han advertido al ministro, es que los criterios son "muy estrictos" y dejan "poco margen de maniobra" a las autonomías para aplicar estos fondos destinados a la implantación de las nuevas tecnologías.

La consellera valenciana ha avisado de que la situación en las autonomías no es ni uniforme ni homogénea, ya que en algunas el proceso de digitalización está más avanzado, por lo que invertir el próximo año en las mismas aplicaciones en todas ellas no sería "igual de útil".

"Si esos criterios son tan estrictos, algunos de ellos (proyectos) no son viables, y si no los aplicamos para la finalidad prevista se pierde el dinero", ha advertido la consellera, que ha lamentado que desde el Gobierno les obliguen a invertir en unas aplicaciones que algunas autonomías todavía no podrán utilizar porque no tienen el proceso de digitalización suficientemente avanzado.

"Al igual que han hecho otros ministerios, los criterios tendrían que ser más flexibles. Queremos invertir (los fondos europeos) en digitalización, pero cada autonomía tendrá que adaptarse a sus tiempos", ha insistido.

Las conselleras catalana y valenciana también han coincidido en la necesidad de avanzar en la resolución de conflictos mediante la mediación de calidad, por lo que han abogado por defender que el anteproyecto de ley de segunda oportunidad que impulsa el Gobierno deje de contemplar que se retire la mediación previa en los procesos concursales.

Otros de los puntos en que han coincidido es en la necesidad de seguir potenciando las oficinas de atención a las víctimas del delito, poniendo el foco especialmente en las víctimas del "terrorismo machista", según Bravo.

En este sentido, la consellera valenciana ha insistido en que las víctimas no se deben sentir nunca solas, por lo que las administraciones las deben situar en el "epicentro" de su atención. EFE.

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