El Govern ha acordado llevar el decreto estatal que habilita a Hacienda para usar los remanentes municipales al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), porque considera que algunos de sus artículos vulneran el Estatuto catalán y la Constitución.

Concretamente, la Generalitat considera que los artículos 3 y 4 del real decreto ley 27/2020 aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez "no respetan la autonomía financiera local".

Según el Gobierno catalán, "se vulnerarían los artículos 137, 140 y 142 de la Constitución, que reconocen a los municipios la gestión de sus respectivos intereses, la administración propia y ordena que las haciendas locales dispongan de los medios suficientes para ejercer sus funciones".

Los dictámenes del CGE, máximo intérprete del Estatut, no son vinculantes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán de este jueves, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha criticado el decreto estatal porque "merma" la capacidad de los ayuntamientos para adoptar medidas para hacer frente a la crisis de la COVID-19.