Castilla-La Mancha es donde más se redujo el número de entes públicos instrumentales durante la crisis, hasta el 60,8 % entre 2010 y 2016, según el informe realizado por el Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado esta reordenación en aquellas comunidades que no tienen órganos propios de control externo.

Fiscalización que abarca las entidades dependientes de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia en las que la participación autonómica supera el 50 % del capital o de los órganos de representación, excluidas las universidades y sus entes dependientes, las corporaciones de derecho público y las asociaciones.

A 31 de diciembre de 2016, el Tribunal de Cuentas ha constatado una reducción efectiva del número de entidades del 36,7 % en Cantabria; 60,8 % en Castilla-La Mancha; 22,2 % en Extremadura; 23 % en La Rioja, y 51 % en la Murcia.

En términos absolutos, eso se traduce en 27 bajas y 4 altas en Cantabria; 50 bajas y 5 altas en Castilla-La Mancha; 21 bajas y 5 altas en Extremadura; 6 bajas y un alta en La Rioja, y 49 bajas y 4 altas en la Murcia.

Paralelamente, se ha producido una reducción de personal cifrada en 427 efectivos, pero el Tribunal sólo ha podido atestiguar un ahorro de 9.578.100 de euros, que correspondería a una reducción de 281 trabajadores.

La fiscalización, según ha informado este martes el Tribunal de cuentas, ha verificado que en las cinco comunidades analizadas existían solapamientos y duplicidades en la realización de actividades que estaban atribuidas a algunas de las entidades extinguidas.

Un hecho que ha motivado su extinción y que ha dado lugar, en determinadas ocasiones, a mejoras en la eficacia, eficiencia y economía.

Durante el periodo fiscalizado se ha observado que predominan de un forma relevante, aunque no por igual en todas las comunidades, las entidades de naturaleza privada, sociedades y fundaciones, en relación con las de carácter público, salvo los consorcios que, aun participando de esta última naturaleza, son también mayoritarios.

El informe señala que debe tenerse en cuenta que, en general, se han venido utilizando estas entidades de naturaleza privada por implicar una mayor flexibilidad y menores exigencias en los procesos de contratación, en las políticas de personal y en los controles económicos, en comparación con las de naturaleza pública.

Respecto a las altas producidas durante este periodo, un 42,1 % corresponde a fundaciones y un 36,8 % a sociedades mercantiles.