La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) ha recusado a las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial designado para juzgar el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, donde está investigada y donde se cree que benefició al promotor Enrique Ortiz.

Se trata de una de las 17 piezas separadas de la denominada operación Brugal.

Ese escrito de recusación de Castedo, para quien la fiscalía pide 10 años de prisión, provocará un nuevo retraso en el señalamiento de la fecha del juicio por parte de la Audiencia alicantina ya que antes se deberá resolver a la petición de la exalcaldesa.

Los abogados de Castedo alegan que las tres magistradas que forman parte del tribunal -Monserrat Navarro, Cristina Escoda y Margarita Esquivá- están invalidadas para enjuiciar los hechos en la medida en que han tenido conocimiento previo sobre la causa al haber resuelto recursos previos, durante la fase de instrucción.

Se da la circunstancia de que los magistrados sobre los que había recaído la causa inicialmente ya registraron su petición de abstención por ese mismo motivo: haber tenido participación en alguno de los recursos presentados en relación a las diligencias cuando instruía el juzgado número 5 de la ciudad.

La causa sobre el urbanismo de Alicante es una de las 17 piezas en las que se separó el 'caso Brugal', cuya investigación se inició en 2006 para esclarecer el presunto amaño de la contrata de basuras del municipio de Orihuela (Alicante), juicio este último que se ha iniciado hace unas semanas en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche.

La recusación de la defensa de Castedo queda ahora en manos de un instructor de la Audiencia Provincial ya designado en función del sistema de rotación por antigüedad establecido para este tipo de supuestos.

Según han precisado fuentes judiciales, se trata del presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, José Daniel Mira-Perceval.

Tras el análisis de los argumentos expuestos por los abogados de la exalcaldesa, el instructor elevará su propuesta de resolución a una sala especial del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), de acuerdo con el mecanismo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ) para estos casos.

Dicha sala estará formada por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, por los presidentes de sala del alto tribunal y por los magistrados de menor antigüedad de cada sala.

En esta causa sobre el presunto amaño del PGOU alicantino, junto a Castedo y al empresario Ortiz, también se sentarán en el banquillo de los acusados el alcalde que precedió a Castedo, el también popular Luis Díaz Alperi, los abogados José Luis Castedo (hermano de la exprimera edil) y Javier Gutiérrez (responsables del buffete Salvetti Abogados quienes -supuestamente- participaron en la respuesta a las alegaciones sobre el PGOU) y el promotor ilicitano Ramón Salvador.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Castedo y Alperi diez años de prisión por los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

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Para Ortiz, solicita 8 años de cárcel por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.