El caso de los ERE de la Junta de Andalucía se ha enfrentado este martes a su día D, el de la sentencia, el momento más esperado y temido por los veintiún ex altos cargos del Gobierno autonómico que se sentaron en el banquillo de los acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Casi nueve años después de que la jueza Mercedes Alaya, a raíz de su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abriese diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis, y casi un año después de que acabase un larguísimo juicio oral.

Los veintiún procesados están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico aplicado durante casi una década para conceder ayudas a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas andaluzas sin que hubiera "ningún control" por parte de la Administración, según Anticorrupción. El dinero investigado procedía siempre de la partida presupuestaria 31-L, definida como "fondo de reptiles" por Guerrero cuando declaró ante la Policía en el 2010, y fue repartido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía).

La sentencia es el fruto de cinco años de instrucción y de casi 700 horas de grabación durante el juicio, que empezó el 13 de diciembre de 2017 y concluyó el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones. Los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle, que no han estado presentes durante la entrega de la sentencia, también han debido revisar las pruebas documentales que obran en 14.276 folios, divididos en 38 tomos y siete de anexos.

CINCO AÑOS DE INSTRUCCIÓN

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado 'fondo de reptiles', de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

Cabe recordar que la instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Álvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio de 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

De hecho, en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".

IRÁN AL SUPREMO

Por otro lado, según han confirmado fuentes judiciales, con total seguridad esta sentencia acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que "le llevará años".