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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Cantabria recurre ante la Audiencia Nacional el impago del IVA de 2017

El Gobierno de Cantabria ha interpuesto hoy, viernes, en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Ejecutivo central la mensualidad de IVA impagada de diciembre de 2017, por importe de 45.561.540 euros, y los intereses legales correspondientes. ,Los servicios jurídicos han formalizado la demanda una vez desestimado por silencio administrativo del requerimiento previo presentado el pasado mes de marzo. ,Según señala el Ejecutivo cántabr

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:14

El Gobierno de Cantabria ha interpuesto hoy, viernes, en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Ejecutivo central la mensualidad de IVA impagada de diciembre de 2017, por importe de 45.561.540 euros, y los intereses legales correspondientes.

Los servicios jurídicos han formalizado la demanda una vez desestimado por silencio administrativo del requerimiento previo presentado el pasado mes de marzo.

Según señala el Ejecutivo cántabro en un comunicado, esta nueva acción legal, aprobada por el Consejo de Gobierno, está encaminada a evitar el impacto en las arcas autonómicas del impago en el que ha incurrido la Administración Central como consecuencia de una modificación legal aprobada en 2017 y cuyas consecuencias no se conocieron hasta que se realizó la liquidación del impuesto dos años después, en 2019.

El recurso constituye una reclamación de cantidad por 45,5 millones y los intereses legales que procedan por los daños y perjuicios causados al vulnerarse los principios de autonomía y suficiencia financiera.

En este sentido, el Gobierno de Cantabria ha alegado que la modificación normativa que provocó el impago ha afectado de forma directa a los ingresos de la comunidad autónoma, sin una previa ni posterior modificación del sistema de financiación.

Además, aduce que la actuación el Estado ha vulnerado el principio de transparencia, lo que ha impedido adoptar las medidas necesarias para que Cantabria no se viera avocada a la situación actual.

El Gobierno cántabro también considera infringidos los principios de confianza legítima y lealtad institucional, tanto antes de aprobarse el real decreto que modificó la normativa sin canalizar la reforma por el órgano competente y explicar la incidencia, como con posterioridad a su entrada en vigor y aplicación en 2019, al no adoptarse medidas compensatorias adecuadas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación de las comunidades autónomas. EFE

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