El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe comprobar mañana jueves que Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado, un trámite siempre superado por los candidatos en las últimas décadas, pero rodeado de polémica en no pocos casos.

La propuesta de la hasta ahora ministra de Justicia ha causado estupor en buena parte la carrera judicial y fiscal y se augura un debate intenso en el seno del CGPJ, con una mayoría de vocales de tendencia conservadora.

El informe de idoneidad del CGPJ es preceptivo, pero no es vinculante, y, en principio, debe centrarse en si la candidata cumple las exigencias del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Sin embargo, en el caso de Jesús Cardenal, propuesto en 1997 por José María Aznar como fiscal general, los vocales fueron más allá de esa valoración técnica: apoyaron unánimemente su idoneidad, pero, tras cinco horas de reunión, mostraron su preocupación por "manifestaciones" del candidato no acordes con la Constitución.

Se referían a la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del año 94, donde Cardenal había hablado de la "mediocridad ética" de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.

"En el caso de Delgado el debate no va a durar cinco minutos", auguran a Efe fuentes del actual Consejo, que ya se han pronunciado sobre cuatro propuestas de fiscales.

Lo han hecho sin mayores discrepancias y así debería ocurrir mañana, precisan otras fuentes, que, no obstante, reconocen el eterno debate sobre si el CGPJ debería ir más allá de una mera valoración técnica.

Nunca el responsable de Justicia pasó de forma directa a la Fiscalía General del Estado, aunque sí hay un precedente similar en Javier Moscoso, ministro de la Presidencia con Felipe González que fue propuesto en 1986.

Los vocales se dividieron: 13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco, según las hemerotecas.

También hubo discrepancias en el CGPJ con Leopoldo Torres, que en 1990 dejó la militancia socialista para suceder a Moscoso al frente de la Fiscalía -le apoyaron 14 de 20 vocales-, y más controvertida fue la elección en 1992 de Eligio Hernández, con once votos a favor de un total 18.

Tras dos años de un mandato muy cuestionado por su actuación ante los casos de corrupción que afectaban al PSOE, dejó el cargo unos días antes de que el Supremo declarara ilegal su nombramiento por no alcanzar los quince años de ejercicio efectivo como jurista.

No obstante, en las últimas tres décadas son mayoría los fiscales generales que obtuvieron el informe unánime del CGPJ, como María José Segarra, nombrada por el Gobierno de Sánchez en 2018 y cuyo cese se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Será sustituida por Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo, mientras Delgado se somete a los trámites marcados por la ley: tras pasar por el Poder Judicial, deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso cuando se constituya, previsiblemente en febrero.

Los diputados no votarán, pero se da por hecho que la exministra recibirá severas críticas de la oposición, que ha reaccionado con dureza a la propuesta del Gobierno, con el anuncio de un recurso ante el Supremo por parte del PP y una querella por la de Vox.

Los focos se centrarán en la actitud de los representantes de Unidas Podemos o ERC, partidos que en su momento pidieron su dimisión por su relación con el excomisario José Manuel Villarejo y que ahora defienden darle un voto de confianza.

"Lo que toca Villarejo mancha y cuando más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor", afirmó en 2018 Pablo Iglesias.

"Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad (para) demostrar que efectivamente la Fiscalía actúa con principios de autonomía y respetando la legalidad vigente", matizó anoche en una entrevista en Antena 3 el ya vicepresidente del Ejecutivo.

Para el portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique "el tiempo de los reproches pasó", aunque desde En Comú Podem, Jaume Asens ha dicho "entender" las críticas y ha admitido que puede ser "una decisión poco estética".

Contundente fue también en 2018 Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de la formación independentista, cuando consideró que Delgado debería dimitir, "como cualquier compinche de Villarejo".

"No se puede juzgar a alguien antes de que empiece a ejercer el cargo", ha dicho hoy a los medios.