Los 17 concejales del Ayuntamiento de Aller (Asturias) entre 2008 y 2010, incluida la actual candidata del PP al Principado, Teresa Mallada, que están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el caso Hulla, aparecieron en julio de 2018 ante el Juzgado número 2 de Lena y, tras ser informados de su situación, designaron todos al mismo abogado.

Así figura en las diligencias previas instruidas por ese juzgado en las que consta que la entonces concejala del PP en la oposición y actual candidata a la Presidencia del Principado compareció en la sede judicial el 10 de julio y, tras serle leídos sus derechos y su condición de investigada, designó procurador y abogado en la causa.

La candidata autonómica del PP defendió el pasado viernes la legalidad de la operación investigada, a la que el Principado no puso reparos y, tras mostrar su extrañeza porque su condición de investigada se conozca en plena precampaña, aseguró que ningún concejal investigado había sido llamado a declarar en el juzgado de Lena.

La condición de investigados de los ediles se conoció después de que la titular del Juzgado número 3 de Oviedo, que instruye el caso Hulla en la que investiga el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del geriátrico de Felechosa, aceptara la inhibición del juzgado número 2 de Lena en este caso.

La Operación Hulla, que instruye el Juzgado número 3 de Oviedo, investiga el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico por parte del Montepío de la Minería, que requirió una inversión de 32 millones de euros con cargo a los fondos mineros.

Mallada, de ser elegida diputada en las elecciones autonómicas pasaría a estar aforada por lo que el juzgado número 3, si apreciase indicios racionales de delito, debería inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).