El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado este martes que la reforma que atribuye al fiscal la investigación de los delitos en sustitución del juez es "una obligación establecida de forma clara y directa por la UE".

Campo se ha referido así durante la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros que ha aprobado dos anteproyectos de ley, el de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y el de la Fiscalía Europea.

El titular de Justicia ha explicado que la reforma integral del proceso penal -frustrada en varios intentos de los últimos gobiernos del PSOE y PP- no es una necesidad, sino "un ejercicio de coherencia constitucional y de cumplimiento del mandato de la UE" que "supone una obligación política".

Campo ha señalado que con la creación del fiscal investigador se pretende armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno ya que todos, a excepción de Francia y Austria, "tienen un modelo donde el fiscal lleva la investigación y el juez tiene el rol de las garantías, esa es la idea básica".

Y también, ha añadido, incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del fiscal europeo, de manera que "atribuir la investigación al fiscal, no es ya una opción, sino una obligación establecida de forma clara y directa por la UE".

De hecho, el ministro ha destacado que la aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017, constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español puesto que viene a introducir, por mandato directo de la Unión Europea, la figura del fiscal investigador en nuestro sistema jurídico cuyas funciones son "investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión".

Es por ello que ha destacado la estrecha relación que existe entre la nueva Lecrim y la Ley de Fiscalía Europea, ya que "comparten un mismo espíritu, el de la investigación penal moderna y europea a cargo del ministerio fiscal".

Porque para Campo, la nueva ley procesal no se puede aplazar por más tiempo, ya que la ley actual tiene 138 años y ha sufrido ya 77 reformas (54 posteriores a la promulgación de la Constitución). EFE