La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha detectado aspectos "difíciles de entender" en el decreto del Govern que avalaría las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat, y cuya legalidad está estudiando el Ministerio de Política Territorial.

Calvo ha explicado que el departamento encabezado por Miquel Iceta está analizando si hay "partes" o "elementos" en ese decreto ley que puedan ser "inaceptables" desde el punto de vista constitucional.

En ese caso ha ratificado que el Ejecutivo, del que ha dejado claro que "la legalidad no la negocia", recurriría la medida al Tribunal Constitucional porque, ha insistido, "no negociamos nada que sea ilegal" y si algo no es aceptable no dudará en acudir al TC.

De entrada, Carmen Calvo, que es catedrática de Derecho Constitucional, ha anticipado que el decreto catalán contiene preceptos "difíciles de entender" y ha admitido que su equipo de Vicepresidencia también ha estudiado su contenido.

En concreto, ha mencionado el modo como establece que pueden llegar los avales hasta que haya sentencia firme y que no lo será hasta que no haya sentencia de instancias "extraterritoriales" cuando la vía judicial en España "se cierra aquí", ha recalcado.

Ha dicho además que el Ejecutivo siempre cuenta con el apoyo de la Abogacía del Estado y que al margen que cada ministerio se ocupe de su ámbito es un órgano colegiado "de verdad" en el que los ministros acuden en ayuda de los otros cuando es necesario.

Sin salir de Cataluña, Carmen Calvo ha manifestado sobre la mesa de diálogo que se reanudará en septiembre que se trata de una "mesa de gobiernos" al ser preguntado si el líder de ERC recientemente indultado y excarcelado, Oriol Junqueras, participará en ella.

Es más, ha apuntado que el otro debate político se puede sustanciar en el Parlament, y ha recordado que el Gobierno trabaja desde hace mucho tiempo sobre 40 objetivos "importantes" para Cataluña que se van a llevar a esta mesa bilateral.

Y en cuanto a las especulaciones sobre la posibilidad de que la reanudación de las conversaciones y la apuesta por el diálogo con Cataluña culmine con un referéndum que podría ser el de un nuevo Estatut, ha reiterado que con el presidente Pedro Sánchez "la legalidad no se vulnera, ni ahora ni en el futuro" y se respeta el marco constitucional.