La Guardia Civil ha desarticulado una banda que operaba entre Tarragona y Francia que defraudó 4,5 millones de euros con engaños en el IVA y estafas en contratos de coches de alquiler a largo plazo a través de 150 empresas.

El instituto armado ha informado este miércoles de que, en una operación con la Gendarmería Francesa y el Servicio Nacional de Aduanas Galo, han detenido a siete integrantes de esta organización delictiva internacional, tres de ellos en Francia, acusados de estafa, defraudación de IVA, falsedad documental, abuso de activos corporativos y blanqueo de capitales.

En el marco de la operación, denominada "Acuarios", se han practicado asimismo dos registros en dos localidades tarraconenses y otro en Francia.

Los líderes de la organización, que operaban desde territorio francés, habían trasladado su base de operaciones a la costa tarraconense para evitar, según los investigadores, la acción de la justicia francesa.

En total, se ha intervenido 40.500 euros en metálico, 9 vehículos de alta gama, material informático, más de 75 aparatos móviles, 11 dispositivos informáticos y abundante documentación.

Los detenidos habían creado, presuntamente, más de 150 empresas mercantiles ficticias que operaban con documentación falsa en Francia, España y Bélgica.

La trama se dedicaba a la compraventa simulada de vehículos, la venta ilegal a terceras personas de vehículos de alquiler a largo plazo y la simulación de contratos para defraudar el IVA.

La investigación se inició en el año 2019 en Francia por las sospechas que levantaron varias empresas de reciente creación.

Los investigadores franceses comprobaron que las facturas eran falsas, bien en la emisión de las mismas o bien respecto a la empresa que presuntamente las emitía y que las empresas estaban vinculadas entre ellas.

También vincularon a dos de los presuntos responsables, con antecedentes policiales anteriores por hechos similares.

La metodología era la siguiente: mediante un contrato de alquiler a largo plazo que no pagaban, consiguieron una flota de cien vehículos que luego vendían como si fueran los propietarios.

Los gendarmes identificaron 66 empresas establecidas por parte de los principales investigados que habrían defraudado 340.000 euros, pero antes de que finalizara la investigación los responsables huyeron precipitadamente.

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Mediante la cooperación policial, la Guardia Civil de Tarragona localizó a varios de esos responsables y concluyó que la base de operaciones delictivas se había trasladado de Francia a esta provincia.

Contaban con una infraestructura de inmuebles para residir y otros para reunirse con sus cómplices con seguridad; vehículos y numerosos terminales telefónicos e informáticos para continuar con el desarrollo de la actividad ilícita desde España.

El cabecilla de la banda, un ciudadano libanés, trató de huir durante los registros en Tarragona con una gran cantidad de dinero, aunque los agentes lograron interceptarlo y detenerlo.

La Audiencia Nacional dictó prisión provisional para los tres detenidos en Tarragona, a la espera de ser extraditados a Francia.