Catorce personas, entre ellas el expresidente Blaise Compaoré, serán juzgadas a partir de este lunes por el asesinato en 1987 del líder revolucionario e icono del panafricanismo Thomas Sankara, acribillado en un golpe de Estado contra el revolucionario marxista que presidió el país desde 1983 hasta su muerte.

Sankara fue asesinado junto a doce oficiales tras ser capturado después del golpe y su cadáver fue desmembrado y enterrado en una tumba anónima. Fue sucedido por Compaoré, quien permaneció en el poder hasta octubre de 2014, cuando huyó del país en medio de multitudinarias protestas contra su intención de modificar la Constitución para presentarse a la reelección.

Compaoré, exiliado desde entonces en Costa de Marfil, ha declarado que no tiene intención de acudir al juicio mientras su defensa argumenta que tiene "inmunidad" frente al proceso. Las autoridades burkinesas le acusan concretamente de atentado contra la seguridad del Estado, complicidad en un asesinato y ocultación de cadáveres. Del juicio también estará ausente el jefe de seguridad de Compaoré, Hyacinthe Kafando, otro de los acusados.

En las últimas horas se ha sabido que organizaciones de la sociedad civil y familiares han pedido a la Sala de Primera Instancia del Tribunal Militar de la capital, Uagadugú, donde se celebrará el proceso, la autorización para grabar y difundir el proceso dado su interés histórico, aunque la corte todavía no se ha pronunciado.

"Creo que es importante para la Historia y espero que también sea una forma de convencer a otros políticos de que no todo se resuelve con asesinatos", explica Aïda Kiemdé, hija del asesor Fréderic Kiémdé, también asesinado durante el golpe de Estado, a Radio France Internationale.

Precisamente esta cuestión ha desatado la ira de la defensa de Compaoré. Uno de sus abogados, Pierre-Olivier Sur, denuncia que nunca han tenido acceso al expediente de cargos y que la difusión del proceso podría despejar cualquier asomo de neutralidad. "No vamos a ir allí como títeres", argumenta al mismo medio.

También será de interés la reacción al proceso de Francia, antigua potencia colonial, que solo prometió desclasificar sus documentos relativos al asesinato de Sankara en 2017, por orden del presidente Emmanuel Macron.

Aunque Francia ha negado toda participación en el golpe, muchos burkinabeses creen todavía que el Gobierno francés, como mínimo, salió enormemente beneficiado del asesinato del líder panafricano, uno de los episodios más sangrientos de la historia del país.