El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprobado una subida en el salario de los funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y de las cárceles a partir del próximo 1 de enero en el marco de sus esfuerzos para combatir la delincuencia en el país centroamericano.

Según ha explicado el mandatario, la subida salarial, del que se beneficiará tanto el personal operativo como el administrativo, se dividirá en dos partes. "La primera será de 100 dólares mensuales e iniciará el 1 de enero del próximo año", ha indicado en su Twitter.

En cuanto a la segunda, ha aclarado que el "monto" se definirá en los próximos meses y "empezará a partir del 1 de enero del 2021". "Este es el primer aumento salarial que reciben en más de una década", ha resaltado el presidente salvadoreño, que llegó al poder el pasado 1 de junio. Según la prensa local, la medida supondrá un coste de 50 millones de dólares a las arcas del Estado.

La decisión de Bukele ha sido celebrada por los organismos beneficiados. Para el ministro de Defensa, René Francis Merino, el aumento salarial para los miembros de la Fuerza Armada es una "buena noticia" que "dignifica el trabajo de los miembros de la institución", ha subrayado en su Twitter.

El director de la PNC, Mauricio Arriaza, también ha dado las gracias a Bukele por "siempre buscar el beneficio de nuestra gran familia policial". "Seguimos comprometidos por la seguridad de los salvadoreños", ha asegurado en su cuenta en la citada red social.

También lo ha celebrado el director de Centros Penales, Osiris Luna, para quien el mandatario es "un líder que reconoce el esfuerzo y dedicación del personal de seguridad de nuestro país".

El nuevo presidente ha hecho de reducir la delincuencia, principalmente la relacionada con las pandillas, una de sus prioridades y hasta el momento las cifras le están siendo benevolentes.

Todo ello se enmarca a su vez en el Plan de Control Territorial anunciado por Bukele el pasado 20 de junio con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y que se vertebra en tres ejes fundamentales: control de los centros penales, interrupción de la financiación del crimen organizado y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.