El conseller de Interior, Miquel Buch, comparece hoy como investigado por un delito de desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por haber promovido el referéndum ilegal del 1-O entre los alcaldes cuando era líder de la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

Junto a Buch también ha sido citada hoy como investigada la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, por emplazar a los alcaldes a facilitar locales para celebrar el 1-O.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene previsto acudir a las puertas del TSJC, en el paseo de Lluís Companys de Barcelona, para arropar a ambos políticos independentistas a su llegada al tribunal, prevista para pocos minutos antes de las diez de la mañana.

El magistrado del TSJC Jordi Seguí ha citado a Buch y Lloveras, que ya no es diputada y que anunció que dejaría la política al finalizar el próximo mes de mayo su mandato como alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ellos cuando presidían la ACM y la AMI, respectivamente.

En concreto, ambos exlíderes de las entidades municipalistas soberanistas están investigados por un delito de desobediencia, ya que el TSJC descartó que se les pueda imputar malversación y prevaricación por su papel en el 1-O, como pretendía el ministerio público.

La Fiscalía presentó en vísperas del referéndum su querella contra Buch y Neus Lloveras por emplazar a los alcaldes a facilitar locales para celebrar el 1-O.

El mismo mes de septiembre del año pasado, el TSJC admitió a trámite la querella, sólo por un delito de desobediencia, y acordó citar a declarar como investigados a Buch y a Lloveras, aunque sin fijar una fecha, a la espera de que la resolución fuera firme.

Cuando el Supremo asumió la causa por rebelión contra los líderes independentistas, el TSJC le remitió la investigación sobre Buch y Lloveras, para evitar "resoluciones contradictorias" y posibilitar "la investigación y enjuiciamiento conjunto" del caso relativo al 'procés'.

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el juez Pablo Llarena rechazó incluir en su causa por rebelión las diligencias contra Buch y Lloveras y las devolvió al TSJC, "sin perjuicio de que la actuación que se les atribuye pueda ser determinante de una responsabilidad penal distinta a la que aquí se depura", según sostenía en su auto.

En la exposición razonada que remitió al juez Llarena para que asumiera la causa contra Buch, el magistrado instructor señaló indicios de que el actual conseller de Interior y ex alcalde de Premià de Mar (Barcelona) incurrió en un delito continuado de desobediencia por promover el 1-O en los ayuntamientos.

Entre los indicios que el juez aprecia contra Buch y Lloveras figura un correo que, en su condición de presidentes de la ACM y la AMI, enviaron el 6 de septiembre del pasado año a los alcaldes de Cataluña donde "se les indicaba que debían proceder a confirmar la disponibilidad de los locales de votación, al tiempo que se les facilitaba un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum", según apuntaba el magistrado en su escrito.

Seguí sustenta su investigación en otro correo que Buch y Lloveras remitieron el 12 de septiembre a alcaldes catalanes "bajo el rótulo 'material de campaña para el referéndum del 1 de octubre', que contenía el modelo de sendos carteles de fomento de la participación y -en el caso de la AMI- de defensa del voto afirmativo".

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En la causa, se indaga también un tercer correo enviado por Lloveras -alcaldesa de Vilanova i la Geltrú que en febrero pasado dimitió de su cargo de presidenta de la AMI y anunció que abandonaba la política-, con un informe en que el colectivo Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local por la Independencia defendía la legalidad de la consulta.