Dos ginecólogas dimiten a raíz de la propuesta y Sanidad defiende la labor que ejercen los profesionales sanitarios valencianos

Los grupos parlamentarios que integran el Botànic --PSPV, Compromís y Unides Podem-- se muestran dispuestos a "hablar" sobre "el encaje" de la enmienda que han presentado conjuntamente en Les Corts para que la violencia obstétrica --conductas médicas que por acción u omisión atentan contra el cuerpo de las embarazadas-- tenga consideración de violencia machista en la Comunitat Valenciana.

Se trata de una enmienda pactada por las tres formaciones a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2022 --en tramitación-- para modificar la ley integral de 2012 contra la violencia sobre la mujer en el ámbito autonómico. La propuesta ya ha provocado la dimisión de dos ginecólogas de hospitales valencianos.

En concreto, se trata de dos de las integrantes de las comisiones de Sensibilización sobre la Violencia de Género que existe en cada departamento: la jefa de Ginecología del Hospital Doctor Peset, Reyes Balanzá, y la ginecóloga de La Fe y miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstreticia (SEGO), Ana Monzó.

Además, la Conselleria de Sanidad se ha opuesto a esta propuesta y ha defendido la labor que ejercen los profesionales sanitarios valencianos, según han confirmado fuentes del departamento que dirige la socialista Ana Barceló.

Ante esta situación, desde el grupo socialista se muestran abiertos a estudiar la enmienda y a buscar cómo adecuarla a otra normativa que no sea la de violencia machista. "El problema está en su encaje legal --ha remarcado su síndic, Manolo Mata--. Estamos de acuerdo en que este tipo de violencia existe y en que hay que frenarla, pero hay unos protocolos en los hospitales y una gran tarea de matronas, ginecólogos y enfermeras para que no se produzca".

Por parte de Compromís, su diputada Mònica Álvaro ha asegurado que en su grupo no se "cierran en banda" a hablar sobre la enmienda siempre y cuando quede reflejada en una normativa autonómica, aunque ha recordado que está firmada y "hay un compromiso firme". Con todo, ha confiado en que podrán analizarlo en el pleno de Les Corts de este miércoles y en que tienen tiempo hasta que las enmiendas pasen por comisión a principios de diciembre, además de subrayar que "no se trata de criminalizar a nadie en absoluto".

Desde Unides Podem, su diputada Cristina Cabedo ha subrayado que la violencia obstétrica está "reconocida por la OMS como violencia machista" y que lo importante, a su juicio, es que el Ministerio de Igualdad la incluya a nivel estatal en la reforma de la ley del aborto en consenso con los profesionales. "Estamos dispuestos a hablar con tranquilidad sobre el encaje legislativo", ha remarcado en declaraciones a À Punt.

Entre la oposición, tanto el PP como Ciudadanos han rechazado la equiparación de la violencia obstétrica como violencia machista. La diputada 'popular' Elena Bastidas ha afirmado "no se puede anteponer la ideología sobre la salud de la madre y su hijo y de la profesionalidad de ginecólogos y matronas" y ha advertido que "da la sensación de que una mala atención es una práctica generalizada e incluirlo en la ley de violencia de género no es el sitio".

"CRIMINALIZAR A LOS SANITARIOS"

También la síndica de Cs, Ruth Merino, ha denunciado que la enmienda supone "criminalizar a los sanitarios, una ofensa para todas las mujeres en general y para el sector médico en particular". Es más, ha sostenido que es un despropósito que hace "un flaco favor" a las víctimas de violencia machista, por lo que ha pedido "sensatez" al PSPV.

Por su parte, representantes del movimiento feminista de València --en la presentación de la marcha del 25N-- han defendido que "la obstetricia está hecha a imagen del pensamiento de los hombres y las mujeres sufren las consecuencias". "Muchas prácticas obstétricas ni informan a las mujeres ni tienen en cuenta su opinión, y consideramos que esto es violencia de género", han advertido, exigiendo ampliar la definición en España "sea como sea".