El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes la Ley Audiovisual de Andalucía, que entrará en vigor este miércoles, tras aprobarse por unanimidad en el Pleno del Parlamento a finales del pasado mes de septiembre.

Dicha normativa establece una regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad.

La Ley Audiovisual de Andalucía cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y reforzamiento de las sanciones.

Una de sus principales novedades, también a nivel nacional, será la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento normativo, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan universidades y centros docentes.

Respecto a los derechos, el proyecto de ley amplía su catálogo considerando a los usuarios no sólo como destinatarios de los servicios sino como parte integrante de la comunicación audiovisual. En este sentido, establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad.

También impone obligaciones concretas a administraciones y medios de comunicación para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

Con el fin de facilitar la implicación de la sociedad, el proyecto recoge la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, que estará integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector y funcionará como garante de los derechos de la población en relación con la comunicación audiovisual.

La ley afectará a todos los prestadores de servicios en este ámbito, incluyendo los privados, los públicos locales y el autonómico. Por primera vez en España, también se reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen en los ámbitos de las universidades y los centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de lucro. Con la definición de las condiciones de prestación, la gestión de sus licencias y el control y supervisión de su funcionamiento, el proyecto alcanza así la regulación integral de todos los ámbitos del sector.

En relación con el apoyo a la actividad económica y empresarial audiovisual, se establecen las bases de un sistema de incentivos y ayudas a la financiación para respaldar proyectos de creación, producción, distribución, exhibición y promoción exterior.

En cuanto al régimen disciplinario, el proyecto tipifica nuevas infracciones y sanciones (que irán desde los 10.000 a los 200.000 euros) para los casos de incumplimiento de esta colaboración y también para quienes realizan comunicaciones comerciales con prestadores del servicio sin licencia. El texto actualiza las cuantías previstas en la ley básica para hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía.