El extesorero del PP Luis Bárcenas ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide su absolución y deposita toda la responsabilidad sobre "los llamados fondos opacos" del partido en el también extesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido.

En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Bárcenas recalca que él no fue tesorero del PP hasta 2008, con lo que en la denominada primera época de Gürtel, por la que ha sido condenado por la Audiencia Nacional, no controlaba la gestión de los fondos oficiales del partido, "ni mucho menos la de los fondos opacos".

Su labor -añade el escrito- se limitaba a la de "mero amanuense mediante la anotación de los ingresos y pagos en la cuenta de donativos que visaba y también anotaba don Álvaro Lapuerta".

Y por ello considera "un hecho claro y que no puede llevar a ningún tipo de duda que la gestión de la totalidad de los fondos del partido era la función de don Álvaro Lapuerta como tesorero".

Bárcenas, que fue condenado a 33 años de prisión por la Audiencia Nacional, ha presentado un escrito de 565 folios en el que expone veinticuatro motivos por los que el Supremo debe dictar una nueva sentencia en el que sea absuelto.

El extesorero recuerda que tanto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como otros testigos como Ángel Acebes, Rodrigo Rato o Javier Arenas depositaron la responsabilidad sobre las finanzas del PP en Lapuerta y lo ubicaron a él en una posición "subordinada", "exclusivamente en tareas de carácter administrativo y logístico".

La defensa alega también que se violó el derecho a la imparcialidad judicial y destaca que se pidió la recusación del juez José Ricardo de Prada por su "amistad íntima" con el juez que había instruido la causa, Baltasar Garzón, que autorizó escuchas que fueron consideradas ilegales.

Alega también la "división" en el tribunal cuando se debían tomar decisiones de cariz político, como si declaraba como testigo Mariano Rajoy, y que De Prada, "conscientemente o no", siempre se decantó "de forma pública con decisiones de índole claramente ideológicas".

Denuncia que en la sentencia se reste "credibilidad" a los testimonios de determinados testigos, como Rajoy, y se conceda a otros, como los de Correa; se englobe al PP en un contexto general de corrupción y se dé por buena la existencia de la caja b cuando esos extremos no habían sido juzgados.

Y sostiene que las escuchas ordenadas por Garzón cuando instruía el procedimiento -posteriormente anuladas por ilegales- han determinado la condena, pues los investigadores que las hicieron son los mismos que después redactaron los informes policiales.

"¿Cómo se puede tener la seguridad de que lo que oyeron los investigadores no ha marcado los pasos de las investigaciones posteriores, de las interpretaciones como peritos? ¿Creen que hay alguien, algún ser humano que pueda ser capaz de aislar de su cabeza todo lo escuchado para llevar a cabo un peritaje del que tal vez ya sabe las conclusiones?", pregunta.

También rechaza la condena por apropiación indebida de 149.600 euros destinados a la compra de acciones de Libertad Digital. "El Partido Popular nunca ha reclamado nada con ocasión ni de las entregas ni de las acciones y ha manifestado, como ya se ha detallado en anteriores motivos, que además no ha tenido perjuicio alguno, luego, no se debería condenar por el delito apropiación indebida", afirma.