El Ayuntamiento de Barcelona quiere colocar cámaras de videovigilancia en la Rambla, el paseo de Gràcia y el Frente Marítimo para disuadir a los delincuentes y facilitar la investigación de los delitos, según ha anunciado este miércoles el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle.

Batlle ha señalado que los trámites para instalar estas cámaras son largos y que el consistorio está pendiente de los cambios en la legislación española sobre la utilización de videocámaras por parte de los cuerpos de seguridad en lugares públicos para adecuarla a la normativa europea.

El teniente de alcalde barcelonés ha explicado que abordó el tema ayer con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien le hizo notar la "posición delicada" en que encuentra España por estar incumpliendo la normativa europea, por lo que ya ha sido multada.

Albert Batlle ha subrayado que el plan Barcelona Segura que se está elaborando con la Generalitat prevé instalar cámaras de vídeo vigilancia en los ejes comerciales de la ciudad, donde actualmente ya hay 60 cámaras instaladas para uso policial.

Ha señalado asimismo que el gobierno municipal está a favor de la colocación de las cámaras de videovigilancia "con garantías y rigor", aunque ha reconocido que la normativa europea es más 'garantista' que la legislación española.

Batlle ha hecho estas consideraciones en el debate de una propuesta del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) para que el Gobierno municipal instale cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos de Barcelona.

Aunque el consistorio y la Generalitat prevén la instalación de cámaras, la moción ha sido rechazada con los votos en contra de los dos grupos de gobierno, BComú y PSC, y de ERC, y a favor del resto de la oposición.

El teniente de alcalde ha señalado, como razón del voto en contra del PSC, el deber de "tratar con mucho rigor el tema", "dejar trabajar" en la adaptación de la normativa y no "hacer política con la seguridad".

En Cataluña, la instalación de cámaras en la vía pública por parte de los cuerpos de seguridad la autoriza la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que no la deciden los ayuntamientos.