(Actualiza la NA5233 con nuevos datos y con las declaraciones del jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Mallo)

El Ayuntamiento de Barcelona ve "intencionalidad política" y "abuso de derecho" en la querella contra la alcaldesa Ada Colau presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática.

La querella se presentó por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones, y Colau ha sido citada a declarar ante el juez el próximo 4 de marzo en calidad de investigada por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

"Estamos aquí para denunciar la clara intencionalidad política y el abuso de derecho por parte de los querellantes que han ocultado -en su denuncia- la investigación de fiscalía", que concluyó en julio que no había indicios de delito, ha declarado el concejal de Derechos, Marc Serra, en una rueda de prensa este viernes acompañado del abogado que defenderá a Colau en la causa, Alex Solà, tras conocer el contenido de la querella.

En el texto, la asociación atribuye a Colau, y solo a Colau, los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público por las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona al observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la Alianza Contra la Pobreza Energética y a Enginyers Sense Fronteres.

Para Marc Serra, que la querella solo se dirija contra alcaldesa y no contra otros concejales o exconcejales "apunta una clara intencionalidad política de persecución contra la alcaldesa con ánimo de atacar su imagen", además de reflejar "preocupación por la actividad de defensa de los derechos de estas entidades".

El concejal de Derechos de la Ciudadanía ha asegurado que están "muy tranquilos" porque la querella no aporta pruebas nuevas ni ningún elemento incriminatorio contra la alcaldesa.

A su juicio, la querella es "caótica, desordenada e infundada" y reproduce fragmentos de la denuncia que, por hechos similares, ya archivo la fiscalía.

El abogado Alex Solà se ha mostrado convencido de que el único propósito de la querella es "conseguir la declaración de la alcaldesa en condición de investigada".

Solà ha puesto énfasis en que "la justicia ha actuado con normalidad" cuando ha admitido la querella y ha citado a declarar a Colau, pero ha sido víctima de la "mala fe procesal" de los querellantes, que han cometido una "especie de fraude" al ocultar en la denuncia el expediente de fiscalía.

El juzgado ya ha recabado el informe de fiscalía que ya había investigado las acusaciones y decidió el pasado mes de julio no presentar cargos contra la alcaldesa de Barcelona.

Sobre la posibilidad de pedir al juzgado dejar sin efecto la citación de Ada Colau, su abogado ha señalado que "ir a declarar es un ejercicio del derecho de defensa", por lo que la alcaldesa acudirá a la cita.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tanto Serra como Solà han señalado que la querella contiene fragmentos de la denuncia archivada por fiscalía que presentó Abogados Catalanes por la Constitución y hace referencia a los mismos cuatro expedientes, "sin aportar pruebas nuevas ni nada incriminatorio", según el concejal.

Además, Marc Serra ha señalado que la querella "denota el desconocimiento" de los denunciantes de las competencias del Ayuntamiento de Barcelona y de la legislación catalana en cooperación internacional.

El concejal ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja con actitud de "total colaboración" con el juzgado 21, que lleva la causa con el objetivo de que quede todo aclarado.

En la rueda de prensa ha intervenido también el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Mallo, para aclarar que los informes de la intervención municipal en los que se apoya la querella forman parte la tramitación ordinaria de los expedientes, no porque se haya hecho nada mal, y que "en ningún caso se trata de informes desfavorables".

Mallo ha explicado que se hacen informes de fiscalización previa, antes de otorgar una subvención, por parte de la comisión de gobierno e informes anuales de recomendaciones "de mejora".

El jefe de los Servicios jurídicos municipales ha destacado que "fiscalía entendió que los informes de intervención sobre estas subvenciones aludían a simples irregularidades puntuales que en ningún caso tenían trascendencia penal".