El PP ha presentado una enmienda en el Congreso que corrige uno de los principales recortes que impuso a la justicia universal en 2014, de modo que los tribunales españoles podrían perseguir delitos cometidos en el extranjero si hay víctimas españolas, sin necesidad de que los presuntos criminales estén en España.

La iniciativa ha sido registrada esta tarde, al concluir el plazo para enmendar la proposición de ley presentada por ERC para recuperar la justicia universal, que fue recortada e 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cercenada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Hemos escuchado las demandas de otros grupos y hemos visto que efectivamente quizá se estableció una restricción excesiva" al señalar que sólo cuando el presunto delincuente estuviera en territorio español puede actuar la justicia española, ha reconocido en declaraciones a Efe la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro.

Moro mostró ya la semana pasada la voluntad de consenso del PP con el resto de grupos tras reunirse en el Congreso con David Couso, hermano del cámara de televisión José Couso, asesinado hace más de 15 años en Bagdad durante un ataque del Ejército de Estados Unidos contra el Hotel Palestina y cuya causa fue archivada tras la reforma de 2014.

La portavoz del PP advierte no obstante de los riesgos de regresar a una justicia universal ilimitada, como la que existía antes de la reforma socialista de 2009, y que busca ERC, y aboga por sujetarse a un catálogo de delitos y actuar sólo cuando la víctima sea española o haya "algún vínculo de conexión relevante con España" y no esté otro tribunal ya juzgando los hechos en otro país.

En opinión de Moro, hay que actuar con "realismo" y respetar el principio de subsidiariedad, siendo conscientes de la situación de saturación en la que ya se encuentra el sistema judicial español.

Las enmiendas de Unidos Podemos también apuestan por revertir los recortes a la justicia universal y especifican las vías de actuación cuando las víctimas no sean españolas.

A su juicio, los tribunales españoles deben poder juzgar delitos cometidos en el extranjero cuando las víctimas sean extranjeras si ha habido algún programa de cooperación al desarrollo o de protección de los derechos humanos suscrito con alguna autoridad del país donde haya tenido lugar los crímenes.

Si el PP propone en sus enmiendas incluir en la jurisdicción universal los delitos de pesca ilegal y tráfico de órganos, Podemos añade delitos de "apartheid", de esclavitud y contra el medio ambiente.

Ciudadanos, por su parte, también busca básicamente volver a la ley de 2009, cuando, explica el grupo, se restringió la competencia de la jurisdicción española al introducir la exigencia de un necesario vínculo de conexión relevante con España y, además, que no se hubiera iniciado un procedimiento judicial sobre los hechos.

La reforma posterior del Gobierno del PP, según la formación naranja, llegó prácticamente a "liquidar" el principio de justicia universal.