La partida destinada a política de vivienda en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 será de 678,69 millones de euros, lo que supone un incremento del 41 % sobre los 481,46 millones de euros que fueron dedicados a esta materia en el proyecto presupuestario para 2018.

El mayor área de esta partida es el destinado a promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y el acceso a la vivienda, que asciende hasta los 649,77 millones de euros, con un aumento del 44,3 % respecto al proyecto presupuestario anterior.

La ordenación y fomento de la edificación contará con 27,28 millones de euros, el 7,4 % menos, mientras que el tercer área, el de urbanismo y política de suelo, tendrá 1,64 millones de euros, el 0,1 % más.

En el proyecto para 2019 el Gobierno especifica que la política de vivienda tiene dos ejes (fomento del alquiler y fomento de la regeneración urbana y rural), con especial atención a las personas objeto de desahucio y las ayudas a la accesibilidad universal.

Asimismo, recuerda el reciente decreto-ley aprobado el 14 de diciembre de medidas urgentes, que modificó los contratos de arrendamiento o el régimen de propiedad horizontal para obras de accesibilidad, así como el procedimiento de desahucio para hogares vulnerables, entre otros aspectos.

Una arquitectura más sostenible y la recuperación del patrimonio arquitectónico son otros objetivos en la materia.

Respecto a la promoción del alquiler, el Gobierno incorpora la posibilidad de otorgar ayudas a beneficiarios que abonen una renta de 900 euros mensuales, frente a la limitación de 600 euros/mes del plan estatal anterior.

Para 2019 se han presupuestado 410 millones de euros a subvenciones de planes de vivienda y 80 millones de euros a subsidiación de préstamos.

La renta básica de emancipación (RBE), aunque fue suprimida en 2011 para nuevos reconocimientos de ayudas, sigue generando obligaciones de pago, respecto a quienes la tenían reconocida con anterioridad.

El Gobierno también detalla en el proyecto de PGE que impulsa el Plan 20.000, como ha denominado a su previsión de incrementar en esa cantidad el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler social o asequible para familias con ingresos limitados en áreas tensionadas.

El mercado tensionado, según ha expuesto el Gobierno, se sitúa en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Valencia, junto a las ciudades de Sevilla y Málaga y los archipiélagos canario y balear.

El Ministerio de Fomento tiene programada una dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 de 137 millones de euros para este Plan 20.000.

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El proyecto de PGE incluye también acciones puntuales para líneas de acción o subvenciones específicas, mediante convenios con otras administraciones para intervenciones arquitectónicas en determinados barrios, que contarán en 2019 con 5 millones de euros.