La auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía Amelia Martínez, nombrada a propuesta del PP, ha explicado que emitió un voto particular discrepando del informe definitivo que se hizo sobre las ayudas de los ERE por los "cambios" que sufrió al quitar las explicaciones de los técnicos sobre irregularidades.

Martínez ha testificado, a petición del PP, en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según el fiscal.

Tras saltar la investigación judicial, el Gobierno andaluz -previo acuerdo del Parlamento- encargó en 2011 a la Cámara de Cuentas revisar esas ayudas otorgadas desde 2001, si bien el informe definitivo no fue ratificado por tres de los siete consejero", entre ellos Martínez, que emitieron votos particulares porque "no estábamos de acuerdo con los cambios" introducidos "en base a un informe de la letrada de los servicios jurídicos" del órgano fiscalizador, ha dicho la auditora.

En ese informe, ha declarado que se detectó "riesgo de menoscabo de fondos públicos" y "de hecho se pidió un informe al gabinete jurídico" que lo corroboró, por lo que se remitió al Tribunal de Cuentas (que ya ha sancionado a varios acusados a devolver dinero de ayudas dadas).

No obstante, al ser preguntada si la Intervención debió emitir un informe de actuación, ha dicho que hubiera tenido que hacerlo "si detecta riesgo de menoscabo" pero ha aclarado que la apreciación o no de dicho riesgo "es un criterio subjetivo del auditor y del interventor" (varios acusados se escudan en que como no lo hizo no se les alertó de delito o ilegalidad alguna).

Entre los "cambios" del informe que hicieron que ella no lo suscribiera, Martínez ha explicado a preguntas del letrado del PP que "quitaron todas las explicaciones" relativas a que el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) para pagar las ayudas a través de éste tenía que haberse desarrollado con una "encomienda de gestión que necesitaba la aprobación del Consejo de Gobierno".

Según ha declarado, pese a que los técnicos ya habían analizado el asunto y concluido al respecto, el informe definitivo indicaba que había "dudas" sobre la figura legal.

Además, el informe definitivo se aprobó el mismo día que se aprobaba un decreto regulador de las ayudas que se incluyó en el cuerpo del informe en vez de como "hechos posteriores".

Para Martínez, aunque "es verdad que las conclusiones más o menos se mantuvieron, si quitas el cuerpo con las explicaciones de por qué llegas a esas conclusiones nuestro trabajo como técnico se quedaba un poco cojo".

En dicho informe también se indicaba que para que IDEA pagara las ayudas de la Consejería de Empleo dinero que este departamento le enviaba mediante transferencias de financiación debió tener una delegación de competencias para tramitar las ayudas directamente y que en muchos casos no se cumplió el requisito de que por su cuantía, las ayudas fueran aprobadas por el Consejo Rector de IDEA o el Consejo de Gobierno de la Junta.